Director nacional de Orden y Seguridad del cuerpo policial de Carabineros, Esteban Díaz (d) I Foto: @Carabdechile
Un ciudadano dominicano perdió la vida el lunes mientras cruzaba a Chile por la abrupta frontera norte, lo que eleva a 12 el número de víctimas por atravesar pasos no habilitados, informaron este martes las autoridades chilenas.
"En lo que ha corrido del año van 12 personas que han fallecido, ocho de nacionalidad venezolana, dos de nacionalidad colombiana, un boliviano y un dominicano que fue el día de ayer", informó el director nacional de Orden y Seguridad del cuerpo policial de Carabineros, Esteban Díaz.
Según medios locales, el fallecido tenía 30 años y murió por causas naturales debido a las extremas temperaturas que se registran en el paso fronterizo entre la pequeña localidad chilena de Colchane y Bolivia, una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar.
El paso se ha convertido en los últimos meses en ruta habitual para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular.
Ni la pandemia ni la crisis social que se extendió durante más de un año en 2019 han alejado el deseo de migrar a Chile, uno de los países más atractivos dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Según el Gobierno chileno, entre octubre del año pasado y febrero de este ingresaron a Chile por las regiones norteñas de Tarapacá y Arica y Parinacota entre 2.500 y 3.500 personas de forma irregular.
En Chile, de acuerdo con el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Con el objetivo de frenar la entrada ilegal, el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, promulgó en abril una nueva ley de migración más estricta que obliga a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen.
La norma permite además al Gobierno deportar a los migrantes y desde abril han sido expulsados al menos en cinco vuelos chárter más de medio millar de personas de distintas nacionalidades.
Las deportaciones masivas han recibido duras críticas de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) o las Naciones Unidas, que alertaron de graves violaciones a los derechos fundamentales de estos extranjeros.
