Pablo Ulloa | Foto: @SenadoRD
En cinco meses de gestión, el Defensor del Pueblo ha logrado la solución de conflictos mediante el diálogo que favorecen a miles de ciudadanos que han visto mejorar sus condiciones de vida y satisfacer reclamos justos ante funcionarios gubernamentales y municipales, afirmó Pablo Ulloa.
Entre las gestiones exitosas, Ulloa citó la indexación de las pensiones a 29,000 maestros que lograron un reajuste de aproximadamente 10 por ciento, lo que estaba pendiente hace años a pesar de que la ley dispuso el incremento.
El funcionario atribuyó ese beneficio para los pensionados al hecho de que el Defensor del Pueblo encaminó las gestiones de diálogo, encontró en el ministro de Educación, Roberto Fulcar, a una persona que escuchó y entendió los reclamos y finalmente el gobierno aprobó la solicitud de estos servidores públicos.
Entrevistado en el programa televisivo “McKinney”, Ulloa señaló que en este caso “se hizo un reclamo a través del Defensor del Pueblo, se le notificó al Ministerio, se abrió un diálogo de tres meses, el ministro Fulcar entendió el reclamo y buscó una solución”.
Expresó que situaciones similares se han dado con personas que fueron canceladas de la administración pública y los ministerios o direcciones generales se han retrasado en el pago de las prestaciones laborales, pero ante las diligencias y el diálogo del Defensor del Pueblo, se han obtenido los pagos.
“En los casos en que no se han pagado las prestaciones laborales a empleados cancelados del Estado, el Defensor recurre al ministerio correspondiente y busca un diálogo para lograr el desembolso”, expuso el defensor.
Ulloa explicó que el Defensor del Pueblo está velando por una buena administración gubernamental para que se respete al ciudadano y éste confíe en un ente que lo defiende.
Manifestó que lo usual es que se proceda a interactuar con la administración para corregir errores que afectan a los ciudadanos, sobre la base de agotar un proceso de “atención al ciudadano, investigación, notificación o litigio”.
“El objetivo es buscar una solución, no litigar, no judicializar, porque son conflictos que no van a tener fin hasta que venga una sentencia, mientras que si podemos ponernos de acuerdo, hay solución más rápido”, apuntó Ulloa.
Dijo que su experiencia ha sido que los representantes de los ministerios han ido entendiendo el rol del Defensor y se avienen al diálogo para evitar conflictos, lo que le ha hecho ganar el respeto de la ciudadanía.
Informó que con la mediación del Defensor del Pueblo se ha pactado un acuerdo entre el Consorcio Azucarero Central y campesinos de Barahona para evitar situaciones conflictivas con terreros estatales.
Parturientas haitianas
En el caso de las parturientas haitianas que están siendo apresadas por Migración y deportadas a su país, Ulloa dijo que recibió a los diplomáticos del Sistema de Naciones Unidas, quienes dijeron que se trata de una práctica que vulnera los derechos humanos.
Ulloa admitió que en las disposiciones del gobierno y del Consejo Nacional de Migración se reconoce la necesidad de dar asistencia médica en casos de emergencia, pero algunos funcionarios interpretan que la labor de parto no es una emergencia, cuando realmente lo es.
“La labor de parto es una emergencia porque hay en peligro dos vidas y existe un riesgo de muerte”, apuntó Ulloa, para defender el derecho de una parturienta a recibir atención médica del Estado.
Informó que Naciones Unidas se comprometió a entregarle soporte documental sobre los derechos de esas parturientas haitianas y el Defensor del Pueblo está a la espera de esos documentos para proceder.
Reunión de Ombudsman
Ulloa informó que la Federación iberoamericana de Ombudsman va a reunirse en el país durante tres días (miércoles, jueves y viernes de esta semana) para discutir sobre pandemia, buena administración y derechos humanos, lo que consideró “una gran oportunidad para demostrar todo lo que ha hecho el Estado dominicano para enfrentar la pandemia”.
Agregó que en el conclave hay una oportunidad para exponer la situación del pueblo haitiano ante 26 representantes de las defensorías del pueblo y procuradores de derechos humanos de toda Iberoamérica.
