El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a Groenlandia en el centro del debate geopolítico al insistir en que la isla resulta estratégica para la seguridad nacional estadounidense, mientras desde la Casa Blanca se admite que existen distintas alternativas en evaluación para ampliar la influencia de Washington sobre ese territorio autónomo bajo soberanía danesa.
Fuentes oficiales han señalado que las opciones analizadas no se limitan al ámbito diplomático o económico, aunque cualquier escenario de fuerza implicaría un choque sin precedentes dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al tratarse de un eventual conflicto entre aliados.
Trump ha reiterado en diversas ocasiones que Groenlandia posee un valor clave desde el punto de vista militar y estratégico, al ubicarla en una zona crucial del Ártico, donde también confluyen intereses de potencias como Rusia y China. Estas afirmaciones, sin embargo, no han sido acompañadas de pruebas concretas.
Especialistas en defensa coinciden en que, desde un punto de vista estrictamente militar, la isla presenta vulnerabilidades evidentes. Groenlandia cuenta con una población cercana a los 58,000 habitantes, carece de fuerzas armadas propias y depende de Dinamarca para su defensa, la cual dispone de recursos limitados para cubrir un territorio tan extenso.
Estados Unidos, por su parte, mantiene presencia permanente en la base aérea de Pituffik, en el noroeste de la isla, donde se encuentran desplegados más de un centenar de militares. Esta instalación, operativa desde la Segunda Guerra Mundial, podría servir como punto de apoyo logístico en caso de una expansión militar.
No obstante, Copenhague ha reforzado recientemente su inversión en defensa en el Ártico y el Atlántico Norte, incluida Groenlandia, como respuesta al creciente interés internacional en la región.
En el plano político, la posibilidad de una compra ha vuelto a circular. Medios estadounidenses informan que esta alternativa ha sido discutida dentro del gobierno de Trump, aunque tanto las autoridades groenlandesas como el gobierno danés han reiterado que el territorio no está en venta.
Expertos en derecho internacional advierten que una eventual adquisición sería extremadamente compleja, ya que requeriría la aprobación del Congreso estadounidense, amplias mayorías en el Senado y el visto bueno de actores internacionales, incluida la Unión Europea.
Mientras tanto, el tema continúa generando preocupación entre aliados europeos, que observan con cautela el renovado interés de Washington en una de las regiones más sensibles del mapa geopolítico actual.
