El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer domingo que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) abandonará su cargo y que su puesto será ocupado por el actual comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan.
"La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen abandonará su puesto y me gustaría darle las gracias por sus servicios prestados… Tengo el placer de anunciar que Kevin McAleenan, el actual comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se convertirá en el secretario interino del DHS", anunció Trump vía Twitter.
Algunos medios habían informado de que Nielsen se había desplazado a la Casa Blanca bien entrada la tarde del domingo para reunirse con Trump, una cita que no estaba marcada en la agenda del fin de semana del mandatario.
Nielsen se había convertido en el brazo a ejecutar las políticas migratorias del presidente, las cuales habían recibido críticas por parte de la oposición y de numerosos grupos sociales por lo que consideraban una actuación carente de humanidad por parte de la Administración.
Hace meses se especuló con la marcha de la secretaria, especialmente tras la renuncia del jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que fue quien propuso el nombre Nielsen para sucederle al frente del DHS cuando se convirtió en la mano derecha del presidente.
Sin embargo, su salida no se consumó hasta este domingo cuando, según informan algunos medios, presentó su dimisión al presidente.
En su carta de renuncia, que ha sido divulgada por algunos medios, Nielsen expresa su deseo de que su sucesor tenga el "apoyo del Congreso y de los tribunales para arreglar las leyes" que, según dice, han mermado la capacidad del DHS de "salvaguardar" al país.
Algunas organizaciones sociales, como America’s Voice, no tardaron en reaccionar a la noticia en las redes sociales y apuntaron que, a pesar de su renuncia, "el legado de Nielsen siempre estará unido a la política de separación familiar" llevada a cabo por el Ejecutivo y que ha supuesto la separación de miles de menores que cruzaron la frontera sur del país con sus familias.