Rivera presentó el recurso para pedir además que se impugne la Ley 7 de 1952, enmendada, y se declare inconstitucional, sobre la cual Ricardo Rosselló nombró a Pierluisi como secretario de Estado, dos días antes de hacer efectiva su renuncia el viernes 2 de agosto como gobernador de la isla.
La Ley 7 de 24 de julio de 1952, según una enmienda en 2005, establece que no será necesario que el secretario de Estado haya sido confirmado por el Legislativo para asumir la Gobernación de manera permanente.
Por su parte, la Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa.
Las distintas interpretaciones de una y otra han desembocado hoy martes en el Tribunal Supremo.
Pierluisi solo recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes a su nominación como secretario de Estado, mientras que el Senado, que se reunió dos días después de que él jurara su cargo decidió no votar, ya que el tema ya estaba en los tribunales.
En su alegato presentado hoy, los abogados de Pierluisi indican que la situación actual es de "alta tensión política" lo que "agrava" la crisis económica que vive la isla y "pone en jaque" los esfuerzos de recuperación por el paso de los huracanes Irma Y María.
Además afecta "adversamente" las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, del que Puerto Rico es un estado libre asociado.
También señalaron que el Senado no acude al alto tribunal con el fin de proveer estabilidad, "todo lo contrario, mediante un vehículo procesal inadecuado y por vía de una interpretación constitucional acomodaticia" pretende que el Tribunal Supremo "remueva" al gobernador que ostenta su cargo "legítimamente".
A su vez, indicaron que el Senado renunció a su derecho de confirmar al secretario de Estado por lo que de acuerdo a los abogados de Pierluisi, le impide acudir al alto tribunal en "búsqueda de una vindicación constitucional a la que renunció voluntariamente a ejercer".
También apuntaron que es verdad que la Constitución señala que el secretario de Estado debe ser nombrado por la Asamblea Legislativa para ejercer el cargo en propiedad, pero también prevé que dicho funcionario puede también ser nombrado en receso. Su única limitación es que es un puesto temporal.
Y, agregaron, que el secretario de Estado que vaya a ser gobernador la Constitución no limita que sea en receso o en propiedad.
Tras indicar que ha sido constitucional su nombramiento y que las circunstancias en las que se ha producido "no es el idóneo desde el punto de vista de la democracia electoral".
Por su parte, el Senado en sus alegatos subrayó que Pierluisi "ha pretendido tomar posesión del cargo sin antes haber sido confirmado" invocando una lectura "irrazonable" de la Ley 7.
En sus alegaciones, en los que se refieren a Pierluisi como "quien dice ser gobernador", mantienen que se ha tomado la atribución de privar al Senado de su prerrogativa constitucional de dar su consejo y consentimiento a un secretario de Estado.
El secretario de Estado "carece del aval de los representantes directos del pueblo que eligió el gobernador y se convierte en el sucesor al trono directamente designado por el mandatario saliente", añadieron.
A su vez, el Senado recordó un artículo de la Constitución que indica que cuando el secretario de Estado no ha tomado posesión le corresponde a la Cámara y al Senado elegir al gobernador mediante el voto mayoritario de ambos cuerpos legislativos.
Nueve jueces deberán decidir en los próximos días el futuro político de la isla, después de que la Cámara de Representantes diera su visto bueno a Pierluisi como secretario de Estado, quien luego asumió el cargo de gobernador tras la salida de Rosselló.
Rosselló formalizó su dimisión el pasado viernes tras el escándalo generado por su participación, junto a varios asesores, en un chat privado en el que se insultaban a numerosos colectivos y que provocó una ola de manifestaciones.
Por otro lado, varios empresarios se reunieron este martes con Pierluisi para hablar las afectaciones en el sector por la crisis política.
Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), dijo que las ventas han bajado entre un 10 % y 20 % debido a la inestabilidad política en la isla.
Alejandro Abrams, presidente de la Asociación de Contratistas Generales de América, dijo que en la construcción, se han congelado miles de plazas por el estancamiento de muchos proyectos.
