Imagen de referencia I Foto: Procuraduría
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, ratificó este miércoles la prisión preventiva impuesta a Alfredo Mirambeaux Villalona, exencargado de la base de datos de la Procuraduría General de la República y uno de los principales imputados por corrupción administrativa de la operación Gavilán.
El Ministerio Público le atribuye formar parte de la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a más de 16,000 personas, la cual fue desmantelada con la operación Gavilán, a principios de agosto del año 2023.
En respuesta a preguntas de la prensa luego de la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, la procuradora de corte Sourelly Jáquez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo que el juez valoró que los presupuestos que dieron lugar a la prisión preventiva no han variado, así como también la gravedad de los hechos, ya que dicho imputado era un empleado de primer orden al ser encargado de la base de datos de la Procuraduría General de la República y la persona que tenía el poder para que el hecho sucediera.
Detalló que también se tomó en cuenta la importancia del daño a resarcir, “ya que obviamente ha sido afectado, no solamente el sistema de justicia de la República Dominicana, sino, también otros poderes del Estado y la sana administración en lo que tiene que ver con el sector privado”
Jáquez también dijo que el juez valoró que el peligro de fuga se mantenía por las citadas razones.
La procuradora de corte Sourelly Jáquez representó al Ministerio Público junto al fiscal Andrés Mena.
El juez Deiby Timoteo Peguero adoptó la decisión durante el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción y fijó la próxima revisión para el miércoles 17 de abril.
Mirambeaux Villalona es uno de los cincos implicados en este proceso judicial que cumple prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, la cual le fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas, cumpliendo condena de hasta de 30 años de prisión, figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
El grupo fue sometido a la justicia por los delitos tipificados en los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por la violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 y 10 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
