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El Tribunal Colegiado de San Juan condenó a 25 años de prisión en contra de Francisco Luna Tavárez, alias Franco y Chicho, culpable de trata de personas en perjuicio de tres mujeres.
De acuerdo con una nota de la Procuraduría General de la República (PGR), Luna Tavárez le prometió empleo a las féminas en dos empresas de limpieza y construcción en Trinidad y Tobago, pero las explotó sexual y laboralmente; a una de ellas en trabajos de servidumbre.
Al culpable también se el impuso el pago de una multa a favor del Estado dominicano de 175 salarios mínimos e indemnización a cada una de las víctimas, cuyos nombres se omiten por razones legales. Detalló que el condenado reclutó a las víctimas en zonas de San Juan y Santo Domingo.
La sentencia emitida acoge el dictamen del Ministerio Público, de aplicar la pena máxima, por probar la presencia de circunstancias agravantes establecidas en el artículo 7 de la Ley 137-03, en la comisión de la infracción de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
Señaló que las denuncias fueron recibidas en marzo del año 2017, momento desde el cual se inició la investigación, recibiendo la víctimas asistencia por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) para su retorno al país.
Desde su retorno a la República Dominicana las víctimas fueron asistidas tanto en la parte legal, psicológica, así con apoyo financiero para su reinserción laboral, esto por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Estableció que durante las indagatorias se logró reunir pruebas contundentes, tanto testimoniales, documentales, materiales y periciales, entre otras, que les permitieron lograr la condena contra Luna Tavárez, la cual deberá cumplir en la cárcel pública de San Juan.
El Ministerio Público fue representado por los fiscales investigadores y litigantes de la Procuraduría Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, Juan Medina de los Santos y Denia Margarita Rodríguez, miembro de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y delitos Sexuales de San Juan.
El departamento de investigación de la Procuraduría Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas tuvo a cargo la realización de la investigación. Las víctimas fueron asistidas por las abogadas Madeline Núñez Imbert y Demí Félix, adscritas a dicha Procuraduría.
Mediante el comunicado, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a que denuncie de manera confidencial esas acciones delictivas a través de la línea gratuita “Llama y Vive” 809-200-7393.
El Ministerio Público señaló que esta sentencia reafirma la lucha contra la trata de personas bajo la dirección del procurador general Jean Jean Rodríguez, resaltando los esfuerzos realizados para dotar al personal de la capacitación y las herramientas necesarias para enfrentar con efectividad ese delito.
