Tribunal asegura que exvicepresidenta de Guatemala lideró red de fraude

martes 9 octubre , 2018

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Un Tribunal de Guatemala aseguró hoy martes que la exvicepresidenta Roxana Baldetti integró y lideró una organización criminal para defraudar al Estado con la compra de un producto único que supuestamente limpiaría la contaminación y el agua de un lago.

El titular del Tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul, comenzó este martes a leer la sentencia después de más de 15 horas de deliberación y aseguró que la función de la exvicepresidenta, en prisión preventiva desde agosto de 2015, era "controlar, dirigir y supervisar las actuaciones" que se ejercían para llevar a cabo el fraude.

Baldetti está acusada, junto a otras 12 personas -entre ellas su hermano Mario-, de realizar un fraude millonario al Estado para limpiar un lago con "un producto milagroso" que resultó ser agua con sal, caso por el que está acusada de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.

El presidente del Tribunal manifestó que la exvicepresidenta, a quien la Fiscalía le pide 22 años de cárcel, "giró instrucciones a sus colaboradores" para colocar a personas "claves" en la ejecución del presupuesto estatal y así poder sacar "provecho" en favor de la organización criminal.

Según la investigación, Baldetti usó su poder político cuando ocupaba la vicepresidencia guatemalteca para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del Lago Amatitlán por valor de 137,8 millones de quetzales (17,96 millones de dólares) a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.

El hermano de Baldetti, Mario, para quien la fiscalía pide 20 años por los mismos delitos, ejerció supuestamente de intermediario entre la empresa y el Estado, y coordinó todas las acciones para esta operación fraudulenta, de la que daba cuentas a la vicepresidenta a menudo a través de informes con el alias "la mera, mera".

Sobre Mario Baldetti, a quien el Tribunal durante la lectura del fallo recordó que se le conocía con los nombres de "el jefe" o "el gran jefe", Xitumul dijo que ejerció "el poder externo de facto o de hecho" otorgado por la exvicepresidenta, quien lo "instruyó" para estar a cargo de este fraude.

En su resolución, el Tribunal reflexionó sobre la corrupción y la impunidad asegurando que son dos factores que causan "tanta miseria y migraciones" que "atentan contra la sociedad" y que van en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano.

Esto, continuó, a través de un "despilfarro voraz e ilegal" del erario público con "actos perversos" que "ofenden" a la humanidad y que tienen "conexiones con redes criminales".

"La corrupción es un crimen macro, cuyo combate eficaz requiere de cooperación internacional para que los acusados sean perseguidos hasta la extinción de los bienes saqueados al Pueblo", leyó el juez, quien agregó que los corruptos se han convertido en "verdugos" de la sociedad y que tratan de "minimizar" sus estafas y victimizarse mientras "privilegian el derroche de recursos eventos innecesarios".

Pablo Xitumul, que preside el Tribunal en este caso conocido como "Agua Mágica", destacó el "contubernio" de los hermanos Baldetti con otros servidores públicos y actores del sector privado para anteponer sus intereses y dejar a la sociedad en un "estado de indefensión" al "dilapidar el erario público".

Esto con la compra de un "líquido desconocido" para limpiar y mejorar el agua del Lago Amatitlán a través de "eventos amañados": "Un producto líquido que no sirve ni ha servido para nada, pues resultó ser agua con sal y cloro, entre otras sustancias corrosivas".

"Se confabularon para defraudar al Estado, privando a la sociedad de atenciones básicas", aseguró el juez para aseverar que integraron una "organización criminal".

A la empresa responsable de aplicar la fórmula de descontaminación, la israelí M. Tarcic Engineering Limited, el Estado le había entregado 20,7 millones de quetzales (2,68 millones de dólares) que terminaron en cuentas bancarias de funcionarios y particulares, de acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio.

Este es la primera sentencia contra la exvicepresidenta, quien está acusada de participar en varias tramas de corrupción mientras ostentó el cargo, desde enero de 2012 a mayo de 2015.

Agencia EFE

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