Yotin Pérez | Foto: Fuente externa
Ayer miles de médicos dominicanos se sentaron frente al examen nacional de residencias médicas. No era una prueba cualquiera. Era la puerta de entrada al concurso que define quién podrá iniciar una especialización hospitalaria este año.
Conviene aclararlo desde el principio: el examen no otorga directamente una plaza. Es el primer filtro de un proceso competitivo. Luego viene el concurso, la selección por orden de mérito y la escogencia de especialidad según disponibilidad y puntuación.
Pero más allá de la mecánica del proceso, los números hablan por sí solos.
Este año, 6,450 médicos aspiraron a 1,400 plazas.
Eso significa que por cada cupo compiten 4.6 aspirantes.
La cifra no es escandalosa por sí misma. La competencia es parte natural de cualquier sistema meritocrático. Lo que sí merece análisis es lo que esa presión revela.
Durante años hemos expandido la formación universitaria en medicina. Se han abierto nuevas escuelas. Han aumentado las matrículas. El país produce cada vez más médicos generales. Sin embargo, la capacidad formativa en residencias no ha crecido con la misma coherencia estructural.
Y aquí es donde la discusión se vuelve más profunda.
Tradicionalmente, las especialidades más demandadas han sido cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría y medicina interna. Son las primeras opciones de la mayoría. Sin embargo, el sistema funciona por orden de puntuación. Quien obtiene una nota alta puede optar por áreas más cerradas y con menos plazas —dermatología, otorrinolaringología, urología, ortopedia— especialidades más limitadas y altamente competitivas.
El resultado es un fenómeno que repetimos cada año: saturación en las especialidades más atractivas y, al mismo tiempo, dificultades para completar cupos en otras áreas estratégicas.
No es casual que en convocatorias recientes el Ministerio de Salud Pública haya tenido que autorizar ampliaciones de plazas en emergenciología o medicina familiar y comunitaria, e incluso ajustar la nota de corte para facilitar su ocupación. En la práctica, esto termina funcionando como una redistribución por puntaje: quienes no alcanzan determinadas especialidades ingresan a otras con menor demanda inicial.
El problema no es fortalecer medicina familiar o emergenciología. Al contrario, son pilares esenciales del sistema. El problema es que su elección no siempre responde a vocación, sino a posición en la tabla de resultados.
Y cuando la formación especializada se distorsiona por presión competitiva y no por planificación estratégica, el sistema entero se resiente.
Pero sería injusto limitar el debate a la cantidad de plazas. El tema es más complejo.
En la última década han surgido nuevas escuelas de medicina, muchas bajo la supervisión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Sin embargo, abrir programas no equivale a garantizar seguimiento riguroso. Existen realidades conocidas en el terreno: docentes no remunerados o insuficientemente compensados, profesores que sostienen programas por compromiso personal más que por estructura institucional, hospitales donde la carga asistencial desborda la función académica, residentes que no reciben supervisión constante y evaluaciones formativas sistemáticas.
A esto se suma la responsabilidad compartida del Ministerio de Salud Pública como rector sanitario, del Colegio Médico Dominicano como órgano gremial y de las sociedades médicas especializadas como guardianas científicas de cada disciplina. La formación de un especialista no puede depender únicamente del esfuerzo individual del residente ni de la buena voluntad de un servicio hospitalario.
Ampliar plazas sin fortalecer calidad sería un error.
Mantener la presión actual sin revisar el modelo también lo es.
El examen de ayer no debe convertirse en una discusión anual sobre dificultad o curva de resultados. Debe asumirse como un espejo del sistema. Refleja presión, revela desajustes vocacionales y expone la necesidad de coordinación entre política educativa y planificación sanitaria.
La pregunta no es solamente cuántos entrarán este año.
La pregunta es si el país está diseñando una formación especializada coherente con sus necesidades epidemiológicas y territoriales.
¿Estamos alineando la apertura de escuelas con la capacidad hospitalaria real?
¿Estamos planificando cuántos especialistas necesitaremos en los próximos veinte años?
¿Estamos garantizando que cada residencia funcione bajo estándares académicos verificables?
Detrás de cada aspirante hay seis años de formación, inversión familiar y expectativa legítima. Pero detrás del sistema hay una responsabilidad aún mayor: asegurar que el especialista que se forme tenga la profundidad clínica, ética y académica que la población merece.
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