El canciller de Perú, Néstor Popolizio, aseguró ayer lunes que el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) "más temprano que tarde" rendirá cuentas a la Justicia de su país, que lo investiga por presuntos actos de corrupción.
Tras una presentación ante la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Popolizio declaró a periodistas que el proceso de extradición de Toledo desde Estados Unidos se encuentra dentro de los plazos que se toma la justicia de ese país para estos casos, ya que el expediente se presentó el 25 de mayo de 2018.
"Consideramos que más temprano que tarde el expresidente Toledo estará definitivamente rindiendo sus manifestaciones a la justicia peruana por los delitos que se presume ha cometido", señaló.
Agregó que "el rol de la Cancillería es de seguimiento" de la solicitud peruana y que en otros casos similares la Justicia de Estados Unidos "ha demorado un promedio de dos años y medio, más o menos".
Toledo está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias y desde febrero de 2017 tiene una orden captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva en su país.
Sin embargo, durante todo este tiempo ha permanecido en libertad en Estados Unidos, su lugar habitual de residencia, sin que todavía se resuelva la solicitud de extradición y solo una noche estuvo en la cárcel, cuando hace dos semanas fue detenido por estar ebrio en un restaurante de San Francisco.
El último fin de semana medios locales señalaron que el empresario israelí Yosef Maiman, presunto testaferro de Toledo, se comprometió a devolver al Estado peruano 11,6 millones de dólares por los presuntos sobornos que dos constructoras brasileñas pagaron al exgobernante y que él supuestamente ayudó a ocultar en paraísos fiscales.
Este fue uno de los compromisos del acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) que Maiman firmó el viernes en Tel Aviv con los fiscales peruanos a cargo del caso, y adicionalmente se comprometió a dar una indemnización al Estado peruano de 1,2 millones de dólares, según publicó el diario La República.
El israelí ha reconocido ante los fiscales que los sobornos que supuestamente ayudó a ocultar en favor de Toledo ascienden a más de 21 millones de dólares, de ellos más de diecisiete correspondientes a la constructora Odebrecht y más de cuatro procedentes de Camargo y Correa, según el portal de investigación IDL-Reporteros.
Estos pagos ilícitos corresponden aparentemente a las adjudicaciones de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica del sur, una de las obras más emblemáticas del mandato de Toledo, que une la costa sur de Perú con Bolivia y Brasil.
El abogado de Maiman en Perú, Julio Mazuelos, afirmó al diario El Comercio que el acuerdo no solo implica las investigaciones por los sobornos de Odebrecht y Camargo y Correa, sino también el caso de Ecoteva, la empresa fundada en 2012 en Costa Rica por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.
A las cuentas de Ecoteva en Costa Rica es donde Maiman presuntamente transfirió los sobornos que había desviado a nombre de sus empresas en paraísos fiscales, y con ellos Toledo adquirió propiedades inmobiliarias en Lima y en las playas del norte de Perú.
Toledo es uno de los cuatro expresidentes investigados por el caso Odebrecht en Perú, donde también están imputados Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la líder opositora Keiko Fujimori, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el exgobernador regional del Callao Félix Moreno.