Foto: Tribunal Constitucional
La Secretaría del Tribunal Constitucional (TC) explicó este miércoles las razones constitucional y legal en que se basó para exhortar a la Fundación Justicia y Transparencia a utilizar los canales correspondientes para depositar un recurso de amparo de "extrema urgencia" con el que pretendió que esa corte se pronunciara sobre la petición de que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) devolvieran el 30 % de los ahorros a los trabajadores.
En una declaración escrita, señala "que en el caso de los amparos directos, la ley atribuye de manera expresa la competencia al juez de primera instancia del lugar donde alegadamente se ha conculcado el derecho fundamental".
Precisa que al recibir una instancia de esa naturaleza, esta corte entraría en franca violación a la Constitución, a la Ley núm. 137-11 y a su normativa que le atribuye el conocimiento, únicamente, de la revisión de sentencias en materia amparo.
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La secretaría de esta alta corte desmintió que se negara a recibir una instancia contentiva del amparo de extrema urgencia de parte de la Fundación Justicia y Transparencia con el fin de que las AFP devuelvan a los trabajadores dominicanos el 30 % de sus ahorros.
Sin embargo, expresa que "al llegar a la sede del TC, los miembros de dicha organización fueron recibidos por el personal de la Secretaría que les explicó el procedimiento a seguir, a fin de cumplir con la Constitución, la Ley núm. 137-11 y la normativa interna, en cuanto a la competencia, para la recepción de expedientes, por vía directa, en el tribunal".
Explica que el TC funciona en todo momento apegado a la Ley núm. 137-11, con la misión de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional, el respeto a la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fundamentales para consolidar el Estado social y democrático de derecho.
"La Secretaría del Tribunal Constitucional enfatiza que la situación actual de declaratoria de estado de emergencia no permite la derogación de las normas y principios que rigen sus competencias de atribución", deja establecido la dependencia de la alta corte.
En el Congreso Nacional cursa un proyecto de ley planteado por varios congresistas para que las AFP devuelvan un 30 % de los depósitos de los trabajadores en esas entidades, a lo que se oponen los tres partidos mayoritarios, empresarios y algunos economistas.
