Un grupo internacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo suspendió recientemente a El Salvador por un veto del presidente Salvador Sánchez Cerén que quitó "autonomía" a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), informó este lunes el Ministerio Público.
Con dicha suspensión del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera quedó "inmediatamente cancelado el acceso a la Plataforma de Intercambio de Información Mundial" para la Fiscalía salvadoreña.
El Ministerio Público del país centroamericano detalló que "la suspensión entró en vigencia desde el pasado 24 de septiembre de 2018, fecha en que se inició la décimo quinta plenaria del Grupo Egmont, que se realizó en Sidney, Australia", pero que el país fue notificado hasta el 12 de octubre.
Apuntó que el veto presidencial "fue determinante para tomar la decisión de suspender al país, ya que debería ser desde el Órgano Ejecutivo que debería liderarse la prevención del lavado de dinero y activos".
Sánchez Cerén desechó en agosto una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, aprobada por la Asamblea Legislativa en julio, y que daba "autonomía técnica" a la UIF.
A la institución advirtió que si los diputados no superan el veto presidencial en una nueva votación de la reforma, "se estaría expulsando a la UIF de forma definitiva de esa entidad" en julio de 2019.
Añadió que el Grupo Egmont informó sobre la situación al Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), "organismo evaluador en el cumplimiento de estándares internacionales de lavado de dinero y financiación del terrorismo", con lo que se abre la posibilidad de que el país sea considerado de "alto riesgo".
"Con la suspensión, al menos varias solicitudes de información que se han hecho a diferentes países quedarán sin ser respondidas afectando directamente muchos casos que están en los juzgados y en investigación sobre delitos vinculados a actos de corrupción y lavado de dinero", acotó la Fiscalía.