Néstor Saldívar | Foto: Fuente externa
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes que continúen las deportaciones de más de un centenar de venezolanos bajo el amparo de una ley promulgada hace más de dos siglos: el Alien Enemies Act-AEA (Ley de Enemigos Extranjeros) de 1798. La decisión, tomada de forma breve y sin firma, como es común en solicitudes de emergencia, representa un espaldarazo al uso de poderes presidenciales excepcionales para remover migrantes sin que tengan acceso pleno al debido proceso.
La medida beneficia directamente a la administración de Donald Trump, quien firmó el pasado 14 de marzo una proclamación presidencial que califica al grupo criminal venezolano Tren de Aragua como parte de una “invasión hostil” contra Estados Unidos. Bajo ese argumento, Trump ordenó la deportación inmediata de venezolanos señalados como miembros de la organización, amparándose en la mencionada ley del siglo XVIII, diseñada originalmente para conflictos bélicos formales con naciones extranjeras.
Aunque la Corte no se pronunció sobre la legalidad sustantiva del uso de esta ley, sí determinó que los migrantes venezolanos habían presentado su demanda en un tribunal incorrecto: Washington D.C., cuando debieron hacerlo en Texas, estado donde fueron detenidos. Al resolver ese punto técnico, el Supremo levantó la suspensión temporal que un juez federal había impuesto sobre las deportaciones, permitiendo que estas se reanuden mientras se ventila el caso de fondo.
La reacción de los defensores legales de los migrantes no se hizo esperar. Organizaciones como ACLU y Democracy Forward advirtieron que se está utilizando una legislación arcaica como atajo para eliminar protecciones fundamentales. Denuncian que muchos de los deportados han sido enviados a un centro penitenciario en El Salvador conocido por sus condiciones inhumanas, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en Tecoluca. Allí, aseguran, permanecen incomunicados, sin acceso a representación legal y en riesgo de tortura o abuso.
Desde el gobierno, la postura oficial fue que no se está negando el derecho a revisión judicial, sino que el caso simplemente fue presentado en el lugar equivocado. La procuradora general interina, Sarah M. Harris, sostuvo que los abogados de los migrantes están ofreciendo una narrativa “sensacionalista” y defendió el uso de la ley como parte de las prerrogativas del presidente en asuntos de seguridad nacional y política exterior.
En su opinión concurrente, el juez Brett Kavanaugh recalcó que todos los miembros de la Corte coinciden en que debe haber acceso a revisión judicial, pero discrepan en cuanto al foro competente para llevar el caso. Esa distinción, aunque jurídica, tiene consecuencias humanas profundas.
Esta decisión, aunque técnicamente limitada al tema de jurisdicción, abre un precedente complejo: permite que el poder ejecutivo ejecute deportaciones sumarias bajo un marco legal que fue concebido en 1798, en un contexto geopolítico totalmente distinto. El debate de fondo —si es constitucional aplicar esa ley a migrantes en tiempos de paz y sin juicio previo— aún está por resolverse en Texas.
Mientras tanto, los vuelos continúan. Los venezolanos señalados por el gobierno ya no tienen tiempo ni herramientas para defenderse antes de ser subidos a un avión rumbo a una prisión extranjera. Muchos no han sido formalmente acusados ni juzgados, y se desconoce con qué nivel de evidencia fueron vinculados a la banda criminal que sirve de justificación para su expulsión.
La decisión de la Corte Suprema marca un precedente relevante en la política migratoria estadounidense, al permitir que una ley con más de dos siglos de antigüedad sea aplicada en el contexto actual. Aunque el fondo del caso aún está por resolverse en los tribunales de Texas, el uso del AEA en esta coyuntura plantea interrogantes importantes sobre el alcance de los poderes presidenciales, las garantías procesales para los migrantes y el rol del sistema judicial en situaciones de emergencia nacional. Será responsabilidad de las cortes, de los legisladores y de la sociedad misma continuar observando y evaluando este tipo de medidas con el rigor que merecen.
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