Eduardo Núñez / Foto: Kelvin de la Cruz
El equipo de abogados de Donald Guerrero, implicado en el caso Calamar, interpuso ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional una recusación contra la magistrada Patricia Padilla, juez titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por “actitudes deliberadamente parciales”, que estarían “obstruyendo el derecho a la defensa” del exministro.
Asimismo, los abogados Eduardo Núñez, Manuel Rodríguez, Mario Aguilera, María del Pilar Zuleta, Laura Rodríguez y Reynaldo Ramos, interpusieron ante el Consejo del Poder Judicial una querella disciplinaria en contra de la referida jueza, por cometer “acciones claramente contrarias a derecho y a los mandatos que rigen su rol de juzgadora imparcial, racional y en coherencia con el ordenamiento jurídico”.
De acuerdo a lo expuesto en el escrito de recusación, la defensa acusa a la magistrada de dictar decisiones ilegales sin escuchar a las partes ni celebrar audiencias, a pesar de que la ley así lo exige; retrasar durante meses la tramitación de recursos y solicitudes que por lo regular tardan días; además de estar parcializada a favor del Ministerio Público.
La jueza Padilla fue recusada y querellada el pasado mes de septiembre por la barra de defensa del ex ministro Ramón Peralta, también señalado en el caso Calamar, por “obrar con discrecionalidad excesiva” y violar los derechos del acusado.
“Dilaciones que laceran derechos y decisiones parciales”
Según detalla el equipo legal, la magistrada Patricia Padilla estaba apoderada de una solicitud de nulidad de investigación desde el 28 de noviembre del 2023. El 11 de diciembre dicha solicitud fue decidida de manera “administrativa”, sin convocatoria a audiencia y sin comunicación a las demás partes.
Destacan los abogados que además de violar las reglas fundamentales del debido proceso, como derecho a defensa y principio de contradicción y oralidad, la resolución de la jueza fue notificada seis días después de que la solicitud de nulidad fuese retirada por los abogados, precisamente por las evidencias de parcialidad manifestada. Además, afirman que la magistrada Padilla antedató la fecha en la decisión para así ignorar la solicitud de retiro de la instancia de nulidad.
Según el escrito, resulta imposible que la magistrada tomase la decisión previo al retiro de la instancia, pues, en las indagatorias previas al depósito del retiro, la secretaria del tribunal afirmó que no existía sentencia ni audiencia fijada.
Continúan exponiendo los abogados que, a la fecha, aún no ha sido tramitado ante la Corte de Apelación un recurso depositado en fecha 23 de enero del 2024, lo que “obedece a un comportamiento parcial en aras de retrasar la revisión de su decisión violatoria de derechos fundamentales”.
De acuerdo a la defensa, luego de dos meses para tramitar el recurso de apelación, la magistrada ha justificado su retraso en las notificaciones a los querellantes, lo cual es totalmente infundado, ya que todos han manifestado un domicilio procesal.
Acusan así a la magistrada de tomar sus decisiones de forma secreta, sin audiencias y sin convocar a los querellantes, dando “indicios serios de una actitud obstruccionista de derechos y garantías”.
