La Fundación Transparencia y Democracia pidió la intervención de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y de la Dirección de Compras y Contrataciones por ante los Comedores Económicos del Estado para determinar irregularidades.
El presidente de la entidad, Cesar Manuel Matos Díaz, dijo que esas instituciones fiscalizadoras del Estado deben auditar todas las licitaciones realizada durante la gestión pasada para determinar las fallas administrativas cometidas en esa entidad de asistencia social.
Afirmó que según informaciones obtenidas en virtud de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, en los Comedores Económicos, durante la gestión del exadministrador Juan Antigua Javier, realizaban licitaciones sobre un producto equis y al momento de suplirlo entregaban otro por un valor de menor cuantía al licitado.
Precisó que la denuncia realizada por el actual administrador general, Edgar Feliz, se indica que se someterá a la justicia a Juan Antigua Javier, ante la Procuraduria General de la República (PGR), además la institución se hizo eco de la denuncia sobre irregularidades administrativas cometidas, cargada de varias violaciones del Código Penal Dominicano y la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de la Republica.
“Existe una mafia de los suplidores con funcionarios y empleados de esa institución” dijo Edgar Feliz , a la vez que puntualizó que en menos de una semana que tiene al frente de esa institución, el pasado jueves tuvo que devolver cinco camiones que suplían arroz, habichuelas, papas y salsa de tomate y sustituir el encargado de almacén.
Manifestó que algunos suplidores, licitan por determinados productos, de una marca específica, pero no es lo que entregan a la institución.
El actual administrador puso como ejemplo, el caso de un suplidor de arroz selecto “A” de 125 libras, pero cuando llegó el producto fue un arroz selecto “B” de 110 libras.
De su lado, Cesar Manuel Matos Díaz advirtió que solicitará diligencias procesales ante la PGR en virtud de los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal también está aportando el listado de los testigos que deberán declarar en el proceso, así como, todas y cada una de las diligencias pertinentes para verificar la concurrencia de los hechos denunciados.
Estableció que la sociedad civil llevará el caso hasta las últimas consecuencias para determinar las irregularidades y que solicitará el listado de las personas que se beneficiaban como terceros de esas irregularidades.