Narciso Isa Conde | Foto: Kelvin de la Cruz
EL golpe electoral electrónico que sirvió para anular las elecciones municipales del pasado domingo se dio en el marco de mecanismos bajo control de la JCE y de la inteligencia y seguridad militar especializada del Estado, intervenido además por empresas y agencias de EE. UU. contratada por ese organismo.
Igual pasó en las primarias de octubre, un fraude que sigue impune.
También quedaron impunes, bajo protección de la JCE y el Gobierno, los fraudes políticos y estafas económicas (escáneres) de la JCE que encabezó Roberto Rosario cuando Leonel y Danilo pactaron para derrotar al PRM.
En tales condiciones la JCE que preside el señor Castaños no es confiable ni para investigar lo acontecido el pasado domingo ni para organizar las elecciones que convocó para dentro de un mes, coincidiendo con la postura del presidente Medina.
Tampoco lo es una Policía y un Ministerio Público subordinados al “jefe de Estado”.
Es precisamente a los titulares de esas entidades a quienes hay que investigar, pero no existe órganos institucionales creíbles o confiables para llevarlo a cabo sin hacer trampa, sin manipular y viciar los procesos, para finalmente dejarlos impunes y atacar falsos culpables.
Esa práctica nefasta es vieja, propia de los Santana, Trujillo y Balaguer.
En buena acción de justicia es inaceptable que los sospechosos de delitos de Estado –y Danilo, Castaños, Jean Alain y los jefes militares y policiales danilistas y corruptos lo son- se auto-investiguen.
Por eso tiene un gran sentido contra nuevos intentos de engaños exigir desde las calles la destitución, investigación y procesamiento de esos personeros de un régimen comprobadamente corrupto y corruptor.
Se alega que si la JCE renuncia le corresponde a los suplentes, que son de igual o peor calaña que la mayoría de los titulares, asumir la responsabilidad.
Es cierto que constitucionalmente es así, como lo es que si renuncian o son destituidos titulares y suplentes, como se está exigiendo, es al Senado, también controlado por el presidente de la República y la mafia morada, a quien constitucionalmente le corresponde reemplazarlos.
Sería pues tonto, o una manera de privar de tonto, aceptar que quienes han designado esas JCE parcializadas y moralmente degradas, sea el que ahora determine su nueva composición, porque está claro que pasará lo mismo: primará la perversidad política que encarna un presidente, que como Danilo Medina, encabeza todo un sistema de corrupción e impunidad.
Se alega entonces que cualquier otra salida a ese tranque, fruto de la cadena de amarres e interdependencias jerarquizadas de las instituciones y sus incumbentes, es inconstitucional e ilegal. Y ciertamente es así.
Pero es que la Constitución del 2010 fue diseñada para que eso sucediera. Ella y las leyes derivadas es la matriz del sistema de corrupción e impunidad, la base sustantiva de un Estado delincuente, incluso narco-estado, como lo es el actual, heredado del santanismo, el trujillismo y el balaguerismo.
Está todavía vigente, aunque bastante maltrecha por las formidables luchas librada, una dictadura política mafiosa (si se le quiere llamar dictablanda no importa) montada sobre una dictadura de clase conformada por un capitalismo “gansterizado”, trasnacional o local, que también controla el bloque opositor conservador, neoliberal, entreguista y corrupto que encabezan el PRM y la FP encabezadas por Abinader y Leonel.
Y eso determina que la superación de esta tragedia política y social no pueda hacerse bajo este régimen constitucional, las instituciones y las leyes vigentes.
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No hay vía constitucional, no hay vía institucional para garantizar democracia, justicia, soberanía y derechos sociales
La vía necesariamente es extra-institucional, fuera de la Constitución pervertida y corrompida, al margen de la ley sustantiva y las leyes orgánicas al servicio de la dictadura mafiosa y sus instituciones electorales, judiciales y congresuales y ejecutivas, de sus funcionarios delincuentes y su sistema tradicional de partidos corrompidos y corruptores.
Aunque no sea fácil de admitir y resulte una tarea de envergadura, pero a la que no hay que temer, la verdad debe ser dicha y debe ser asumida: se necesita una ruptura del orden institucional actual para superar el pasado y el presente oprobioso.
La convocatoria oficial de elecciones para el 15 de marzo y el 17 de mayo está podrida, viciada, adulterada.
Ahora hay que sacar esa JCE, a este procurador y a este presidente levantando las energías populares en calles plazas y caminos, movilizándonos, paralizando progresivamente el país y enarbolando la necesidad de un gobierno e instituciones provisionales, que posibiliten abrirle cauce a un proceso constituyente y a elecciones libres y confiables.
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