El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilbert Díaz, afirmó que el documento presentado a las bases sindicales fue "rechazado totalmente y por lo tanto la huelga continúa mañana con más fuerza".

La unión sindical y el Gobierno costarricense habían alcanzado un acuerdo preliminar, con la iglesia Católica como mediadora, tras ocho días de un proceso intenso de diálogo que se prolongó en algunas ocasiones por hasta 15 horas. 

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Los sindicatos rechazan el proyecto de reforma tributaria ya que aseguran que afectará más a las personas de las clases medias y bajas, algo que el Gobierno niega al asegurar que el 80 por ciento del dinero fresco que se percibirá con la reforma provendrá del 30 por ciento de la población con mayores ingresos.

"Estamos haciendo un llamado a toda la ciudadanía para que se sumen a partir de mañana a este gran movimiento. Nosotros tenemos seis vertientes (agrupaciones sindicales) y todos ellos rechazaron el acuerdo alcanzado y es evidente el total rechazo al documento de consulta de los encuentros preliminares", destacó en conferencia de prensa el secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas.

Los grupos sindicales además pidieron a los empleados y en especial a los profesores que no asistan a sus trabajos y no vayan a dar clases para continuar con fuerza el movimiento. 

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Vargas indicó que una de las razones por las cuales rechazan la reforma tributaria es porque el documento "perdona deudas tributarias a gigantescas empresas, y esos eventuales perdones, suman más plata de la que le quieren sacar al pueblo con este paquetazo de impuestos".

Por su parte, el Gobierno costarricense lamentó que no fuera aceptado el documento que fue construido entre ambas partes y volvió a ratificar la condición de levantar el movimiento de huelga para empezar una mesa de diálogo.

"Lamentamos muchísimo que muchas bases sindicales no hayan aceptado el documento que fue construido conjuntamente entre el Gobierno y sindicatos, lo lamentamos muchísimo principalmente por todo esos jóvenes y niños que no podrán asistir nuevamente a clases y las personas que no podrán ser atendidos en los centros hospitalarios del país", dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social Steven Núñez.

El jerarca de Trabajo añadió que el Gobierno costarricense "construirá y realizará una mesa de diálogo con los sindicatos que estén dispuestos firmar ese documento construido de manera conjunta y que levante el movimiento de huelga".

Durante el proceso de diálogo, que abarcó ocho días de reuniones, el Gobierno solicitó que se depusiera la huelga para establecer la mesa de negociación multisectorial, pero no estaba dispuesto a detener el trámite de la reforma en el Congreso.

Sin embargo, los sindicatos exigían que se retirara la reforma y que en la mesa de negociación se redactara un nuevo proyecto que fuera "justo y solidario".

Una treintena de instituciones públicas solicitaron de manera individual a los tribunales de Trabajo la ilegalidad de la huelga, y hasta el momento hay 10 fallos de ilegalidad y uno de legalidad.

La reforma fiscal, que recaudaría cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), busca paliar el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del ingreso total nacional previsto para 2018 y además frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 por ciento del PIB.

El Gobierno considera urgente la reforma para generar confianza y credibilidad en los mercados crediticios y tener acceso a financiación a tasas y plazos más cómodos.

La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y de manera diferenciada algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

Las mayores afectaciones durante la huelga se concentran en el sector educación con un apoyo de alrededor del 70 por ciento, y en el de salud, especialmente las salas de operaciones que registran una afectación del 50 por ciento, según el Gobierno.