Fachada de Pro Consumidor.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, conocido como Pro Consumidor, es una de las instituciones estatales más reconocidas por su labor en la atención de denuncias y reclamaciones de consumidores y usuarios, así como por gestionar el registro de proveedores, llevar a cabo sondeos de precios y realizar actividades de vigilancia en los mercados.
Desde nuestra perspectiva, la función de Pro Consumidor de sondear precios se muestra como ineficaz, ya que las fuerzas del mercado y las prácticas abusivas predominantes son las principales determinantes de los precios. En este contexto, invertir tiempo en análisis de costos resulta poco útil, ya que los resultados carecerían de impacto en el ajuste de márgenes de ganancias o en la incentivación de rebajas en beneficio de los presupuestos familiares.
En lo que respecta a las reclamaciones de consumidores y usuarios afectados en sus derechos, reconocemos la encomiable labor de Pro Consumidor, que ha generado agradecimiento por parte de miles de ciudadanos.
Ahora, centrémonos en un componente crucial de la misión institucional de Pro Consumidor: las actividades de inspección y vigilancia destinadas a salvaguardar el derecho constitucional que establece que toda persona tiene derecho a bienes y servicios de calidad, así como a información objetiva, veraz y oportuna sobre los productos y servicios que consume, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley (Art. 53 de la Constitución).
La protección del citado derecho constitucional se vincula estrechamente con el concepto de Defensa de los Objetivos Legítimos del Estado, desarrollado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que aborda aspectos como la seguridad nacional y humana, la prevención de prácticas engañosas y la protección de la salud (animal, vegetal y humana) y el medio ambiente.
Para respaldar estos objetivos legítimos, el Estado dispone de instrumentos normativos, como los reglamentos técnicos, que son documentos de cumplimiento obligatorio que definen las características de productos o procesos de producción, incluyendo las disposiciones administrativas aplicables. En este contexto, la responsabilidad misional de Pro-Consumidor se revela como trascendental y multidimensional, eclipsando la importancia de los sondeos de precios y la resolución de reclamaciones.
La Ley 166-12, que establece el Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal), refuerza la responsabilidad de Pro Consumidor al reconocerlo como autoridad nacional reguladora o de inspección. El artículo 109 de esta ley otorga a Pro-Consumidor la facultad de realizar actividades de confirmación para verificar el cumplimiento de Reglamentos Técnicos y otras disposiciones oficiales en áreas cruciales como la calidad de bienes y servicios, seguridad alimentaria, cumplimiento de normas y reglamentos técnicos en diversas materias, y comprobación de certificaciones de conformidad emitidas por el INDOCAL.
Es relevante debatir la cantidad real de reglamentos técnicos aprobados en el país y cuántos abordan específicamente los ámbitos enunciados por la Ley 166-12. En este contexto, Pro Consumidor emerge como el ente responsable de asegurar el cumplimiento de estos reglamentos para proteger los derechos de consumidores y usuarios.
Un ejemplo pertinente es el Decreto núm. 258-20 sobre transporte de cargas (¿recuerdan el fatal accidente en Quitasueño, Bajos de Haina?) que, aunque en general está bajo la jurisdicción del Intrant, plantea la pregunta de si Pro-Consumidor tiene responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos técnicos relacionados con vehículos de carga. Aunque pueda parecer que no, la seguridad ciudadana es claramente parte de los objetivos legítimos del Estado. Todas las actividades en sectores productivos, comerciales, de salud, transporte y medio ambiente deben estar ajustadas al cumplimiento de reglamentos técnicos, debiendo quedar bajo el escrutinio de Pro-Consumidor en primer lugar.
No logramos comprender completamente que, por un lado, contamos con un sistema que integra servicios técnicos significativos, como el Sidocal, y, por otro lado, con reguladores como Pro-Consumidor que deben supervisar el cumplimiento de reglamentos técnicos y otras disposiciones normativas. En otras palabras: se emiten certificaciones de conformidad a través de organismos de certificación y laboratorios de pruebas y ensayos; luego el regulador verifica en el terreno la presencia de documentos que respalden el cumplimiento de dichas normativas. Esta es la interconexión crucial entre el Indocal y Pro Consumidor.
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