Foto: Senado de la República.
El Senado aprobó este martes en primera lectura el proyecto de vigilancia y seguridad privada, que limita el uso de las armas al tiempo en servicio, castiga el uso de armas irregulares, dispone 70 años de edad como lítimite para desempeñar este trabajo, exige el haber cursado como mínimo el octavo grado, estar entrenados y no ser extranjeros ilegales.
La iniciativa legislativa, del senador Adriano Sánchez Roa, crea un marco jurídico para los servicios de vigilancia y protección privada, transporte de dinero y valores, tecnología de seguridad electrónica, asesoría, consultoría e investigación en seguridad, blindaje, servicio de autoprotección y detectives privados.
Sánchez Roa dijo que la reintrodujo por sexta ocasión, ya que ha perimido en la Cámara de Diputados en cinco oportunidades, resaltando ha sido consensuada con todo los sectores.
Indicó que las empresas de vigilancia privada tienen más integrantes que la Policía Nacional.
El autor del proyecto y legislador por Elías Piña resaltó que la iniciativa es una "pata esencial" que faltaba para unificar la lucha en contra de la delincuencia y que ayudará a la Policía Nacional, partiendo de que los últimos hechos delincuenciales de grandes dimensiones se producen por falta de una buena preparación de los que laboran como seguridad privada.
“Esta ley es muy necesaria, pues el 63 por ciento de las empresas no están legales, y brindan servicios sin estar registrada, mientras que el 35 % de los guardianes no tienen entrenamiento, el 44 % no se le ha realizado evaluación psicológica ni doping; el 18 % de los vigilantes que labora en esas empresas es de nacionalidad haitiana, y el 55 % de ellos no porta armas, porque estas no están legales”, expuso el proponente Sánchez Roa.
Mediante una nota de prensa, el Senado indicó que la pieza legislativa crea la superintendencia como ente público que tendrá a su cargo la regulación, inspección, vigilancia y fiscalización de esos servicios, y la que tendrá la autoridad de habilitar a las empresas, y acogiendo el Código de Trabajo para proteger los derechos de los trabajadores.
Otras aprobadas
También el pleno del Senado aprobó en segunda lectura los proyectos que crean la corporación de acueducto y alcantarillado de la provincia San José de Ocoa (Coraocoa), de la autoría de su representante Pedro Alegría, así como el proyecto que declara a la provincia Santiago Rodríguez como ecoturística, sometida por el senador Antonio Cruz.
También los senadores aprobaron en única lectura varios contratos de ventas de terrenos realizado a nombre del Estado por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustira) y Materias Primas (Maprica) al Banco Popular Dominicano, a la Compañía Yazoo Investment, Fama Muebles, Compañía Global Textil Grop, Compañía Gamma Tex, Compañía Famira, Compañía Calidad a Tiempo, y Puntex, ubicados en el municipio Santo Domingo Oeste.
Igualmente, fue ratificado un acuerdo entre los Gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana, cuyo objetivo es una mayor control y fiscalización para evitar la evasión tributaria, proveniente del Poder Ejecutivo.
Fueron ratificados además los acuerdos entre República Dominicana y el Gobierno de Brasil, sobre la exoneración de visados de turismo y negocios, rubricado el 14 de mayo del 2018 en Brasilia; y entre el país y el Gobierno de México, sobre la cooperación y asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros, suscritos el 15 de mayo del 2017 en La habana, Cuba.
También fue acogido en primera lectura el proyecto que modifica la Ley 821, del 27 de septiembre del 1927, de Organización Judicial, a los fines de adicionar al Distrito Judicial de La Vega, a las disposiciones sobre las divisiones en cámaras.
Además, fue aprobado el proyecto de ley de arte público, propuesto por el senador de La Vega, Euclides Sánchez.
Mientras que fue enviado a la Comisión Permanente de Desarrollo Municipal del Senado, el proyecto de ley que designa el tramo de la Autopista del Coral, comprendido entre el peaje de La Romana hasta la rotonda de Bávaro, con el nombre del extinto diseñador dominicano Óscar de la Renta.
La iniciativa de Amable Aristy Castro, y suscrita por otros senadores, ya había sido aprobada por los senadores, pero fue modificada en la Cámara de Diputados y devuelta a la Cámara Alta, que no la acogió en única lectura, por no estar presente el autor de la iniciativa.
