Ángel Bello
Cuando en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se firmó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se incluyó la seguridad vial como parte de los 17 objetivos, un tema que no figuraba en los Objetivos del Desarrollo del Milenio. La decisión fue tomada en virtud de las alarmantes estadísticas que revelan un incremento desproporcionado no solo en las muertes por accidentes de tránsito y las lesiones que estos causan a muchos sobrevivientes. La ONU también consideró el enorme impacto que tiene el tránsito en la salud mental de las personas.
A la presión natural de llegar a su destino, el conductor dominicano debe hacer acopio de una serie de recursos tanto físicos como mentales para atender un sinnúmero de demandas en la vía pública, tales como las altas temperaturas (muchos no cuentan con acondicionadores de aire), el progresivo deterioro de muchas calles y el acoso de algunos vendedores ambulantes y los limpiavidrios.
Todo ello, por supuesto, sin dejar de mencionar el temor a ser embestido por un vehículo, en un país donde la educación y la conducta cívica en la vía pública lucen arrodilladas ante la imprudencia y el manejo temerario, imponiéndose la ley del más fuerte.
Mencionemos también las indiscriminadas bocinas y la contaminación sónica, los problemas personales y laborales a los que el conductor está tratando de buscar soluciones mientras conduce, la incertidumbre de si debe hacer caso al semáforo en verde de la próxima esquina o si allí habrá un agente de la Digesett en rojo regulando el tránsito y los desesperantes entaponamientos, entre otros. Aunque el factor más asociado con estas situaciones son los embotellamientos o entaponamientos del tránsito.
Este drama al que tenemos que enfrentarnos cada día trae como consecuencias un aumento del estrés, angustia, alteraciones del sueño y del rendimiento, enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales, además de deterioro cognitivo. También incrementa, naturalmente, el riesgo de sufrir un accidente de tránsito.
La República Dominicana, uno de los países con mayor tasa de muertes por accidentes de tránsito a nivel mundial, cuenta con un parque vehicular de 4,097,338 unidades (según los datos más recientes de la DGII, a 2017). Con toda seguridad, esa cifra habrá aumentado en unos miles más a la fecha de hoy. Y, como si todo esto fuera poco, 9380 vehículos fueron vendidos en las respectivas ferias de dos de los principales bancos comerciales de nuestro país celebradas recientemente. Aquí no están incluidas las motocicletas ni los vehículos directamente adquiridos mediante otros canales.
Todo esto acontece cuando se pensaba que los entaponamientos no soportaban un solo vehículo más, las principales vías del Gran Santo Domingo (41 % del parque vehicular de acuerdo con la DGII) parecen gigantescos parqueos y llegar sin demora a los compromisos es prácticamente una utopía.
Por tales razones, las autoridades tienen un reto para el próximo año, cuando se prevé no solo un incremento en los accidentes de tránsito, sino también más conflictos y violencia en la vía pública, y mayor deterioro en la salud mental de los dominicanos con repercusiones impredecibles en las familias, el ambiente de trabajo y demás grupos. Un gran desafío, un verdadero estado de emergencia, no hay dudas.
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