Julio Santana
Durante años nos hemos preguntado si nuestro andamiaje normativo —teóricamente diseñado para anticipar y neutralizar riesgos— cuenta con la solidez necesaria para impedir catástrofes como la del Jet Set. ¿Disponemos realmente de un cuerpo técnico de inspectores y reguladores capaz de traducir esas normas en hechos que protejan vidas?
Aunque no somos especialistas en ingeniería estructural, emprendimos una pesquisa exhaustiva que nos llevó a descubrir un entramado jurídico que, en apariencia, cubre todos los frentes. Entre sus pilares destacan la Ley 160-21, que instituyó el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones; la Ley 687-82, precursora en la creación de reglamentos técnicos para obras de ingeniería y arquitectura; el Decreto 715-01, que dio origen a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE); y el Reglamento 201-2011 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras. Cabe recordar que hasta 2021 convivimos con la Ley 5150 de 1959, un instrumento pionero cuya obsolescencia exigía actualización, pero al que rara vez se le otorgó la importancia crucial que tenía para ciudades inmersas en acelerados procesos de crecimiento caótico, sin planificación alguna desde el propio Estado.
En el corazón de este andamiaje jurídico se halla la ONESVIE, llamada a coordinar, supervisar y evaluar la seguridad de toda construcción con alto flujo de personas —desde edificios gubernamentales hasta discotecas de barrio—, lo que incluye, sin duda, la responsabilidad por la preservación de la integridad estructural del Jet Set. Sin embargo, su rol proactivo choca con un velo de opacidad: pocos conocen sus actividades, y menos aún han sido testigos de inspecciones periódicas o auditorías técnicas rigurosas en recintos deportivos, salas de espectáculos y espacios de uso masivo, entre otros lugares de alta concurrencia.
La magnitud de sus funciones —monitoreo constante de parámetros estructurales, elaboración de planes de prevención, protocolos de emergencia y sanciones administrativas— contrasta dolorosamente con la realidad. ONESVIE enfrenta limitaciones presupuestarias que impiden la adquisición de equipos de medición avanzada y la contratación de consultorías especializadas. A esto se suma la carencia de programas de formación continua para sus inspectores, quienes necesitan dominar nuevas metodologías de diagnóstico, herramientas de simulación y criterios internacionales de diseño para que sus protocolos no queden obsoletos.
Otro factor decisivo es la ausencia de sistemas de información integrados: sin una plataforma digital que consolide datos de inspecciones, anomalías detectadas y medidas correctivas, la trazabilidad de los procesos se diluye y la coordinación con entidades como Protección Civil, Defensa Civil y ayuntamientos se vuelve fragmentaria, por no decir inexistente. En consecuencia, cada inspección opera como una isla, desprovista de ecosistemas interinstitucionales que potencien su eficacia.
Pero la falla no es exclusiva de las instituciones estatales. El sector privado, actor central en la ejecución de obras, no siempre asume con rigor sus obligaciones: certificarse, actualizar planes de prevención y contratar evaluaciones técnicas. Resulta aleccionador —y preocupante— el testimonio de un empresario de la connotación social y económica de Antonio Espaillat, quien afirmó ignorar el estado de la estructura y solo centralizaba sus esfuerzos en la sustitución de “los plafones de yeso” que cedían por “la acumulación de humedad”. ¡Durante treinta años se limitó a cambiar plafones sin recurrir a ingenieros especializados! Una prueba palmaria de la inexistencia de una cultura de seguridad compartida.
La conjunción de financiamiento insuficiente, obsolescencia tecnológica, carencias formativas y falta de conciencia regulatoria explica por qué la ONESVIE no cumple su cometido. A ello debemos sumar la apatía de la sociedad civil y la pasividad de quienes tienen el derecho —y el deber— de exigir transparencia y cumplimiento.
Si verdaderamente anhelamos evitar nuevas tragedias, urge evaluar en profundidad el presupuesto y la planta técnica de la ONESVIE, revisar credenciales, diseñar una plataforma de información unificada y poner en marcha un programa de capacitación permanente. Al mismo tiempo, debemos cultivar en el sector privado y en la ciudadanía la convicción de que la seguridad estructural es un patrimonio colectivo con el que todos tenemos una cuota de responsabilidad. No necesitamos una nueva ley, sino hacer cumplir con rigor las que ya existen, fortaleciendo los mecanismos de inspección, auditoría y sanción, y fomentando una cultura de prevención que no dependa de dolientes, sino de la responsabilidad compartida de todos los dominicanos.
En próximos artículos recorreremos los componentes que aún faltan por desentrañar del entramado normativo e institucional encargado de garantizar la seguridad y la fiabilidad de nuestras estructuras —sean civiles, industriales o de otra índole— en todo el territorio nacional.
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