Foto: EFE/Jorge Torre
El sector privado de Nicaragua informó este jueves que continuará "las luchas" por conseguir la democracia, el estado de derecho y "elecciones libres, transparentes y adelantadas", luego de que la Policía Nacional negó el permiso para una manifestación.
"Vamos a continuar las luchas para conseguir la democratización y el estado de derecho, que se puedan realizar elecciones libres, transparentes y adelantadas", dijo el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, a periodistas.
La Policía negó el permiso con el argumento de que los empresarios fueron "partícipes en el golpe de Estado fallido de abril del año pasado".
Funides, Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), principales grupos empresariales del país, negaron promover una caída del presidente Daniel Ortega y confirmaron su deseo de que volver "a la democracia", y exigieron a la Policía retirar "de forma inmediata" la acusación pública.
Hasta el estallido social de abril pasado el sector privado era uno de los principales aliados de Ortega.
La Policía Nacional prohibió en septiembre pasado cualquier manifestación que no cuente con su autorización, a pesar de que esta medida ha sido criticada con el argumento de que contraviene el derecho a la libertad de expresión y manifestación que garantiza la Constitución de Nicaragua.
La crisis que atraviesa Nicaragua ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes "de lesa humanidad".
Ortega rechaza responsabilidades en la crisis, así como los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".
La Organización de Estados Americanos (OEA) emprendió el pasado 11 de enero la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por ruptura del orden constitucional. E
