Fausto Montes de Oca
La decisión de la Junta Central Electoral de aprobar un reglamento para regular el registro, habilitación y supervisión de las firmas encuestadoras en materia electoral constituye una de las medidas institucionales más importantes de los últimos años para la salud democrática de la República Dominicana. No se trata simplemente de una regulación técnica; se trata de una defensa directa del sistema democrático frente a la manipulación propagandística disfrazada de ciencia.
Durante demasiado tiempo, las encuestas electorales dejaron de ser instrumentos de medición de la opinión pública para convertirse, en muchos casos, en herramientas de construcción artificial de percepción política. Surgió una industria de mercaderes electorales que entendió que la voluntad popular podía instrumentalizarse mediante cifras, porcentajes y titulares diseñados más para influir que para reflejar la realidad. Bajo esa lógica, el ciudadano dejó de ser concebido como un sujeto crítico y consciente para convertirse en un simple receptor de relatos propagandísticos elaborados desde laboratorios mediáticos y plataformas digitales.
La encuesta, utilizada sin rigor científico y sin supervisión institucional, comenzó a deformar el debate democrático. En lugar de promover la confrontación de ideas, programas y propuestas, algunos sectores apostaron a fabricar candidaturas desde estudios de percepción, articulando luego una maquinaria comunicacional destinada a imponer narrativas de favorabilidad política. Así, el aspirante ya no necesitaba acercarse al pueblo, escuchar sus problemas ni presentar una visión de país; bastaba con aparecer encabezando una encuesta para activar una cadena de opinadores, estrategas y estructuras mediáticas encargadas de convertir una cifra en un supuesto apoyo electoral.
Ese fenómeno no solo daña la democracia; también erosiona profundamente el sistema de representación política. Cuando la política se sustituye por mercadeo emocional y percepción artificial, el vínculo auténtico entre liderazgo y ciudadanía se debilita. El pueblo pierde la oportunidad de conocer de viva voz las ideas, capacidades y propuestas de quienes aspiran a dirigir el Estado y las distintas estructuras de poder. La política deja de construirse desde las bases sociales y comienza a diseñarse desde oficinas de marketing electoral.
Por eso resulta trascendental que la JCE haya decidido intervenir. El nuevo reglamento establece que únicamente las firmas registradas y habilitadas podrán realizar y publicar encuestas electorales. Además, obliga a transparentar aspectos fundamentales, como el tamaño de la muestra, el margen de error, el método de muestreo, el nivel de confianza, quién financia el estudio, las preguntas realizadas y hasta el software utilizado. Esa exigencia técnica busca devolverle credibilidad a un instrumento que había perdido gran parte de su legitimidad pública.
Igualmente importante es la regulación de las encuestas a boca de urna y la prohibición de divulgar estudios fuera de los períodos legales de campaña y precampaña. Esta medida evita que las encuestas se utilicen como mecanismos de propaganda anticipada o como herramientas para alterar artificialmente el equilibrio político antes de los tiempos establecidos por la ley.
La realidad es que muchas de las llamadas encuestadoras operaban sin el más mínimo rigor metodológico. En numerosos casos, las cifras parecían surgir más de un programa de Excel que de un trabajo serio de campo. Eran estudios sin rigor científico, utilizados para posicionar figuras políticas, manipular percepciones o influir en decisiones partidarias y electorales. Se había instalado un negocio burdo alrededor de la opinión pública, donde algunos intereses económicos y políticos pretendían moldear el pensamiento colectivo mediante estadísticas carentes de transparencia.
Nuestro respaldo a esta decisión de la JCE. La institucionalidad democrática no podía continuar sometida a este espectáculo degradante, donde grupos de interés apuntalaban proyectos políticos de manera vulgar, indecente y descarada, frente a una peligrosa indiferencia institucional. La democracia necesita competencia de ideas, contacto humano, debate programático y legitimidad social; no campañas construidas exclusivamente sobre percepciones prefabricadas.
Enhorabuena esta decisión de la JCE. La sociedad dominicana necesita una autoridad electoral firme, vigilante y comprometida con la transparencia. Defender la democracia también implica proteger a la ciudadanía de la manipulación disfrazada de estudios científicos. Y precisamente eso es lo que hoy intenta hacer la Junta Central Electoral: rescatar la credibilidad del proceso democrático y devolverle al pueblo el derecho de decidir libremente, sin artificios propagandísticos ni laboratorios de percepción.
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