Iván Rondón Sánchez, exsenador de Hato Mayor/Foto: Luis Nicolás de la Cruz.
El exsenador Iván Rondón Sánchez, declarado “Padre de la Seguridad Social” por el Senado de la República, citó las fallas de que adolece el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), culpó al Gobierno de estas, y advirtió de las amenazas de sectores privados y estatales para modificarla con fines de centralizar los recursos en perjuicio de los afiliados.
El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aseguró que la Ley 87-01 solo se cumple en parte y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) ni el Gobierno cumplen los roles que ésta les establece.
Entrevistado en el programa Milagros desde la Z, que producen Milagros Ortiz Bosch y Julio Cordero, Róndón Sánchez afirmó que las ARS reciben anualmente de los afiliados y los empresarios más de 41 mil millones de pesos y el Estado, que debería pagar a los hospitales RD$36 mil millones por atenciones a más de 3 millones de afiliados del Régimen Subsidiado, solo aporta 8 mil 700 millones de pesos, lo cual no garantiza un servicio de salud eficiente.
Criticó que el Ministerio de Salud Pública no cumpla su rol de supervisor del SDSS, que la Sisalril tampoco realiza su real función de regulador y haya aprobado resoluciones y reglamentos que estima violadores de la Ley 87-01 y de la 42-01, y que también incumpla la Superintendencia de Pensiones, en cuanto a la revisión y supervisión de los contratos que hacen las empresas a los empleados, a los cuales afilian a los ARS o AFP que sea de su interés.
Iván Rondón Sánchez, Julio Cordero y Milagros Ortiz Bosch/ Foto: Luis Nicolás de la Cruz.
Rondón Sánchez, en calidad de senador, coordinó los diálogos abiertos con empresarios, centrales sindicales, representantes del Gobierno, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, médicos y asesores, para aprobar la Ley 87-01, con la asesoría especial de Arismendy Díaz Santana.
De las ARS afirmó que estas solo actúan como recaudadoras para obtener grandes beneficios y no cumplen sus funciones, ya que deberían instalar oficinas y consejos en cada provincia para prestar servicios a los afiliados del sistema, pero no lo hacen y el Gobierno no les exige que lo hagan.
En cuanto a los Centros de Atención Primaria, sostuvo que la Ley los contempla y dijo no entender la oposición que hacen a estos el Colegio Médico Dominicano (CMD), de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) y de las Sociedades Médicas Especializadas.
Explicó cómo deben operar estos, cuyos servicios estimó necesarios porque su rol es de prevención, mientras los médicos y enfermeras asignados funcionarían como médicos familiares, ya que los casos graves serían derivados a los hospitales o clínicas de segundo y tercer niveles, dotados de los equipos necesarios para atender emergencias y casos de enfermedades.
Sostuvo que esos centros cobrarían los servicios que prestarían a los afiliados, sean del Régimen Contributivo o del Régimen Subsidiado a través del Servicio Nacional de Salud (Senasa), que es estatal.
A manera de crítica y de queja por las fallas de la Seguridad Social, Rondón Sánchez señaló las restricciones presupuestarias a que es sometida la Dirección de Información sobre los Derechos de los Afiliados (DIDA) por parte de las ARS, lo cual expresó que impide a esa entidad cumplir su real rol de informar y orientar adecuadamente a los trabajadores sobre sus derechos.
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Sobre los proyectos para modificar la Ley 87-01, advirtió que con a esta ya le han introducido reformas mediante resoluciones y modificaciones a los reglamentos, que insistió que son violadores de esa legislación.
Exsenador de la provincia Hato Mayor alertó de los planes de reformar la ley, porque a su juicio tienen por objetivo quitar funciones a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Superintendencia de Pensiones, para transferir los fondos acumulados por los trabajadores y empresarios al Ministerio de Trabajo.
Manifestó que el objetivo de esa transferencia de fondos es que quienes dirijan el Estado, en el caso actual el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), puedan disponer de esos recursos con fines políticos y estratégicos, lo cual consideró que sería permitir la dilapidación de esos fondos.
Edición de audio: Luis Nicolás de la Cruz
