Por Etant Dupain
Varios grupos de oposición haitianos siguen reclamando la renuncia del presidente del país, Jovenel Moise, quien se mantiene aferrado al cargo e insiste en el diálogo para calmar la crisis económica y política que afecta al país, que registra este sábado una tensa calma después de nueve días de protestas.
Los promotores de las protestas que sacuden la nación desde el 7 de febrero, el mismo día que Moise cumplió dos años en el poder, volvieron este sábado a rechazar cualquier tipo de diálogo con el mandatario, quien a su vez ha advertido de que no dejará el país "en manos de bandas armadas y narcotraficantes", que quieren utilizar la empobrecida nación para sus intereses personales.
André Michel, uno de los líderes del Sector Democrático y Popular, que promueve las protestas, denunció hoy en su cuenta de Twitter la represión que, a su juicio, se ha desatado en el país durante las protestas, que según sus datos ha dejado 10 muertos mientras que según otras fuentes los fallecidos ascienden a 9.
Tras denunciar los hechos sangrientos registrados durante las manifestaciones, Michel advirtió de que "no se negociará con bandidos".
Esto, después de que Moise insistiera en el diálogo durante el mensaje que ofreció al país la noche del jueves tras romper el silencio que mantenía desde el sábado anterior.
Sin embargo, el gobernante no reveló las medidas para resolver la difícil situación política y económica, tarea que se la dejó al primer ministro, Jean-Henry Céant, quien deberá anunciar las acciones en las próximas horas.
El presidente tampoco se refirió a la supuesta malversación de los fondos de Petrocaribe, el programa a través de cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios blandos, otro de los reclamos de la oposición.
Después de nueve días de violentos disturbios, hoy el país se encuentra en relativa calma y, contrario a los días anteriores, en los que el país ha estado prácticamente paralizado, en la capital se observa un mayor movimiento de personas y comercios abiertos, entre ellos, tiendas de comida y estaciones de combustibles, que mantenían sus puertas cerradas por temor a saqueos, como los ocurridos estos días.
Las personas tratan de abastecerse, como pueden, de comida y agua, mientras persisten las denuncias de precariedad en los hospitales para atender a los pacientes.
Algunos países han expresado preocupación por la grave crisis haitiana, y este sábado, en su cuenta de Twitter, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, informó de que ayer se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Bocchit Edmond, a quien expresó el apoyo y la amistad de Estados Unidos con el país.
A la vez, Bolton instó a todos los actores políticos de Haití a que respeten y protejan la democracia, participen en el diálogo y pongan fin a la violencia.
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Mientras que en un comunicado, la Embajada de EE.UU. en Haití llamó ayer a todos los sectores a buscar una solución política pacífica compatible con la Constitución de Haití y participar en un diálogo inclusivo, sin recurrir a acciones violentas.
La legación diplomática también instó al Gobierno haitiano a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción "y en responsabilizar a los implicados en el escándalo Petrocaribe".
El pasado jueves, el Gobierno de EE.UU. ordenó la salida de Haití de todo su personal diplomático no esencial y de sus familias debido a las protestas antigubernamentales, y elevó al máximo su nivel de alerta de viaje para Haití.
Las manifestaciones, que han aumentado la inseguridad en esta nación caribeña y provocado un clima de incertidumbre, se producen en medio de una severa crisis económica, que se agravó este año por una fuerte depreciación del gourde, la moneda oficial, y por la crisis de electricidad derivada de la escasez de combustibles.
En sus protestas, los manifestantes también exigen justicia en las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe.
Una auditoría presentada la semana pasada por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en este programa y señaló a quince exministros y actuales funcionarios que están involucrados en este caso, así como una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la Presidencia.