EFE
Calificada por el propio presidente Carlos Alvarado como "un trago amargo" necesario para evitar una crisis económica, la reforma fiscal que impulsa el Gobierno de Costa Rica levantó a los sindicatos que este lunes entrarán en su tercera semana de huelga indefinida.
"Estoy convencido que la aprobación de este proyecto de ley es la única forma de evitar una inminente crisis. Su aprobación no sólo es necesaria, sino que también es urgente", dijo Alvarado en un mensaje al país el 9 de septiembre, un día antes del inicio de la huelga sindical.
"La reforma fiscal es un trago amargo, soy el primero en reconocerlo, pero es la única forma que tenemos a la mano para salvar este país", añadió.
El proyecto tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 % al IVA de la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar, con exenciones en servicios como electricidad y agua, dependiendo del consumo.
También contiene incrementos en renta de capital y la creación de la renta global, entre otros.
Los sindicatos afirman que hace meses acudieron a mesas de diálogo con el Gobierno y que no fue tomado en cuenta un documento que presentaron con 39 iniciativas fiscales, que no incluyen recortes en gastos y sí aumentos de impuestos a las empresas.
Los gremios decidieron irse a huelga a partir del 10 de septiembre pasado, un movimiento que ha tenido impacto principalmente en el sector salud con la cancelación de unas 2.000 cirugías, y en el de educación, con más de la mitad de los centros educativos cerrados.
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Los huelguistas también han bloqueado carreteras y las entradas a los puertos y planteles de distribución de combustibles, pero la policía ha intervenido para mantener libres las vías y activas las operaciones.
Gobierno y sindicatos han efectuado cuatro jornadas de diálogo "preliminar" con la mediación de la Iglesia Católica, en busca de sentar las bases para una mesa de negociación multisectorial, sin embargo no ha habido aún un acuerdo.
Los sindicatos exigen que en esa mesa se elabore un nuevo proyecto de ley "justo y solidario" que sustituya a la reforma tributaria que estudian los diputados, mientras el Gobierno insiste en que se debe deponer la huelga para establecer la mesa de negociación.
El presidente Alvarado ha sido claro en que las propuestas sindicales pueden ser "complementarias" a la reforma fiscal y no sustitutivas, pues el objetivo del Gobierno es que el Congreso apruebe la ley en octubre próximo.
Al principio la reforma pretendía recaudar cerca del 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en recursos frescos, pero los diputados aplicaron una serie de exenciones en la comisión que estudió el proyecto antes de que subiera al Plenario.
Con los cambios la reforma recaudaría cerca del 1,2 % del PIB.
Costa Rica viene registrando un déficit fiscal creciente desde el 2008 y un aumento constante de la deuda, pues para cubrir sus gastos el Gobierno ha estado financiando con deuda más de la mitad de sus presupuestos anuales.
En 2017, el déficit cerró en un 6,2 % del PIB y para 2018 las previsiones oficiales lo sitúan en al menos un 7,1 %, mientras la deuda superará el 50 % del PIB.
Las condiciones en que Costa Rica conseguía financiación hace algunos años han cambiado, pues ya no obtiene plazos tan amplios ni tasas de interés cómodas, ha explicado el Ministerio de Hacienda.
El Gobierno confía en que con la reforma aprobada se estabilicen las finanzas y mejoren las notas de las calificadoras de riesgo para así acceder a mejores condiciones de crédito en los mercados.
La reforma fiscal avanzó en el Congreso mediante un acuerdo multipartidario pero no se logró votar en el Gobierno de Luis Guillermo Solís, por lo que la responsabilidad recayó en su sucesor, Carlos Alvarado, quien asumió el poder el pasado 8 de mayo.
En sus primeros meses Alvarado presentó planes para recortar gastos y reactivar la economía, en busca de ganar credibilidad frente a la sociedad y el Congreso para el trámite de la reforma tributaria.
Los sindicatos rechazan el proyecto llamado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas porque consideran que afectará en mayor medida a las clases media y baja, y además están en contra de una serie de recortes a pluses salariales en el sector público.
El Gobierno afirma que el 82 % del dinero que pretende recaudar con la reforma provendrán del 30 % de la población con mayores ingresos, y solo el 4,8 por ciento se recargará al 30 % de la población más pobre.
El sector empresarial se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de la huelga y de los sindicatos, a los que causa de defender "privilegios salariales" que favorecen el déficit.
