Foto de referencia de Juez Foto: Pixabay
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Juan rechazó la variación de prisión preventiva impuesta el pasado año a cuatro personas que presuntamente se dedicaban a la trata de personas con fines de explotación sexual en establecimientos de las provincias San Juan y La Romana, del que fueron rescatadas 49 mujeres.
Según informa hoy un comunicado, la variación de la medida de coerción fue rechazada a los abogados de los imputados Maribel García Herrera y su esposo Ángel Emilio Puello (Papiro), Ángela del Carmen García (Angely) y Lourdes Anadelia Hernández Hernández, quienes solicitaron que fuera variada la preventiva que le fue impuesta por una garantía económica de RD$50 mil a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Ante la decisión del tribunal, las imputadas Maribel García Herrera, Ángela del Carmen García y Lourdes Anadelia Hernández Hernández deberán seguir cumpliendo su medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres, en la provincia Peravia, mientras que Ángel Emilio Puello seguirá en la cárcel pública de San Juan.
La entidad indicó que por vinculación a dicho delito, también son procesados y guardan prisión preventiva los encartados María Martínez Morel (Mary y/o La Rubia), en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya de Higüey, provincia La Altagracia, y Alex José Feliciano en el CCR Cucama de La Romana.
En tanto que las garantías económicas fueron impuestas a Juan Isidro Mercedes por un monto de RD$10 mil, a Pedro Guante por RD$300 mil, a Miguel Desiré por RD$100 mil y a Marino Leonardo por tres millones de pesos, además de impedimento de salida del país y presentación periódica.
Sobre Juan Isidro Mercedes, el órgano de justicia dijo que tras ser sometido a la justicia el pasado año la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana le impuso prisión preventiva, siendo la misma variada este año por el mismo tribunal a solicitud del Ministerio Público, tomando en cuenta su edad de 70 años y enfermedades preexistentes, dentro de las medidas preventivas adoptadas por la Procuraduría General de la República para garantizar la salud de los privados de libertad en el sistema penitenciario nacional ante la pandemia del COVID-19.
En el texto se señaló que los imputados, todos de nacionalidad dominicana, están vinculados a una red de trata de personas que fue desmantelada el pasado año durante un operativo simultáneo ejecutado mediante orden judicial en las provincias de La Romana y San Juan, durante el cual fueron incautados y clausurados provisionalmente varios establecimientos que se presume eran utilizados en esa práctica ilegal.
