El dirigente político Ramfis Domínguez Trujillo exigió al Gobierno este domingo que asuma el costo de las pruebas del COVID-19 para reducir los aumentos de casos de contagios por esta enfermedad.
A través de un comunicado, el excandidato presidencial consideró preocupante el incremento de un 80 % de los casos de contagios de este virus, pese a que el país está bajo cuarentena y a que se ha decretado toque de queda nacional.
“De seguir así, al finalizar la cuarentena estaríamos cuantificando más de mil infectados, lo cual se triplicaría cuando las personas se reintegren a la cotidianidad, dado que muchas personas desconocen que poseen el Covid-19, porque al no presentar síntomas no se hacen las pruebas de rigor, debido al alto costo de las mismas. Y siendo esto un problema de salubridad pública de alarma nacional, es responsabilidad principal del Estado cubrirla”, explicó.
Domínguez Trujillo criticó que el hecho de que sigan pasando los días sin que el Gobierno no haya tomado la decisión de subsidiar las pruebas de laboratorio como también el que no utilicen el test por medio de la saliva, el cual asegura ser más barato y rápido en comparación con las que se vienen haciendo hoy en día en el país.
“El gobierno sigue haciéndose de la vista gorda y no asume el costo de las pruebas de detección del Coronavirus, que es el único mecanismo eficaz para evitar su rápida y prolongada propagación”, subrayó.
De igual forma deploró que se haya solicitado un nuevo préstamo de unos US $300 millones para hacer frente a esta pandemia, sin que antes el Gobierno explicara en qué se invirtieron los US $750 millones que se habían solicitado desde el 2017, para resolver exclusivamente asuntos relativos a catástrofes y emergencias de esta naturaleza.
“Este dinero no pudo haberse gastado ya que ésta es la primera emergencia que podría justificar el retiro de esos fondos”, recalcó.
El político declaró que con dichos fondos, junto a la cobertura de la póliza de seguro paramétrico que acompaña a los préstamos adquiridos, son los que hubieran permitido cubrir los gastos públicos extraordinarios de hasta por US $50 millones, y con lo que se permitiera realizar las pruebas masivamente y el suministro de los insumos de salud.