Wanda Vásquez | Foto: EFE Thais Llorca
Puerto Rico cumple este miércoles un mes de confinamiento entre medidas como el toque de queda antes que muchas otros territorios de Estados Unidos, e incluso latinoamericanos, y sombras por la compra de material o dudas sobre si las cifras reflejan la realidad del COVID-19 en la isla.
Las autoridades informan de que hasta este miércoles el coronavirus es causa de 51 muertes y 974 casos positivos, cifras moderadas respecto a otros países pero bajo la sospecha de cuál es la realidad de los contagios, una vez que la isla es uno de los territorios de Estados Unidos que menos pruebas de detección ha realizado.
La gobernadora, Wanda Vázquez, impuso el toque de queda el pasado 15 marzo mediante una orden ejecutiva enmendada en dos ocasiones, los días 31 de marzo y 13 de abril, que se prolongará hasta el 3 de mayo.
Las críticas a Vázquez apuntan a que el Aeropuerto de San Juan es un "coladero", ya que continúan llegando vuelos de los "puntos calientes" de Estados Unidos como Nueva York, Nueva Jersey y Florida.
El Departamento de Salud informa de la realización hasta el momento de 9.200 pruebas, con 974 positivos, 6.825 negativos y 1.404 a la espera de resultado para una población de cerca de 3,2 millones, lo que significa que no alcanza ni al 1 %.
La oposición ha acusado a la gobernadora, que no se pronuncia ante los medios hace una semana, de escasa presencia mediática para dar explicaciones del combate contra el COVID-19.
El comisionado electoral del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, anunció una querella contra la gobernadora ante la Junta Examinadora de Anuncios (JEA) por el supuesto uso ilegal de fondos públicos para promover su imagen con programas que limitan el acceso a la prensa.
Las críticas se incrementaron después de que en programas con los responsables del equipo médico nombrado por el Ejecutivo para luchar contra el COVID-19, organizados por la cadena pública WIPR, dejarán de intervenir periodistas de otras emisoras.
La crisis del COVID-19 también ha visto cómo se levantaba la polémica ante posibles casos de corrupción gubernamental.
Segundo Rodríguez, al frente del equipo médico para la emergencia, fue señalado por su intermediación con la compañía APEX, supuestamente ligada a personas relacionada con el Gobierno, para recibir un millón de pruebas rápidas por 38 millones de dólares.
El secretario de Salud, Lorenzo González, señaló sobre este asunto que es un episodio pasado, además de negar cualquier relación con el tema.
Según el testimonio de Adil Rosa Rivera, secretaria auxiliar del Departamento de Salud, APEX ofrecía las pruebas a un precio más elevado que la compañía Glovex, pero que se eligió a la primera a insistencia de los dos funcionarios antes citados.
La crisis del COVID-19 ha provocado una amenaza de crisis económica que se trata de frenar con ayudas públicas, lo que incluye un estímulo de 1.200 dólares para los ciudadanos con rentas inferiores a los 70.000 dólares, que no han llegado todavía a la isla.
Además, Puerto Rico aún no ha comenzado a desembolsar el aumento al beneficio del desempleo incluido en la Ley CARES, aprobada por el Gobierno federal.
Desde que comenzó el toque de queda para evitar el contagio del coronavirus el Departamento del Trabajo ha recibido 15.000 consultas, que según medios locales no pude atenderse por falta de medios.
La falta de claridad en el proceso de recuento de las pruebas es otro de los problemas apuntados, en este caso por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien apuntó que los test de su municipio no están incluidas en esas estadísticas del Departamento de Salud.
Otro de los problemas es la reticencia de los enfermos a acudir a los hospitales por temor a contagiarse por el COVID-19, lo que pone en riesgo las cuentas de los centros sanitarios, mayoritariamente en manos privadas, que se enfrentan ahora a nueva ronda de despidos a causa de una ocupación de sólo el 30 %.
El presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, Lemuel Martínez, señaló que han subido las visitas a sala de emergencia, pero que los pacientes tienen miedo y los que llegan lo hacen en situaciones complicadas.
Respecto a la implantación del teletrabajo para abordar la situación actual, el panorama no es positivo, ya que la normativa aprobada no asigna fondos para su implementación.
La crisis del COVID-19 ha supuesto que dejarán sus cargos como secretarios de Salud Rafael Rodríguez y Concepción Quiñones de Longo, el primero por su supuesta mala gestión de la pandemia y la segunda por diferencias con miembros del Gobierno.
