Néstor Saldívar | Foto: Fuente externa
Cuando alguien obtiene la residencia permanente en Estados Unidos, tiende a asumir que su estatus es definitivo. Sin embargo, la ley de inmigración establece una serie de razones por las cuales un residente legal puede ser deportado, lo que deja en evidencia que tener una "green card" no garantiza una permanencia absoluta en el país.
La reciente aprobación de la Ley Laken Riley ha intensificado el escrutinio sobre los inmigrantes en Estados Unidos, incluyendo a los residentes permanentes. Esta legislación, diseñada para endurecer las políticas de detención y deportación de inmigrantes indocumentados, establece medidas más severas para quienes han sido arrestados o condenados por ciertos delitos, otorgando a los fiscales generales estatales la facultad de demandar al gobierno federal por decisiones migratorias. Aunque su enfoque principal son los inmigrantes sin estatus legal, su implementación podría derivar en una aplicación más rigurosa de las leyes de deportabilidad para los residentes permanentes, especialmente aquellos con antecedentes penales. Ante este panorama, es crucial que los portadores de una green card eviten cualquier conducta que pueda interpretarse como un delito grave, busquen asesoría legal antes de aceptar acuerdos de culpabilidad y, cuando sea posible, consideren la naturalización como un mecanismo de protección definitiva contra la deportación.
El concepto de deportabilidad se diferencia del de inadmisibilidad. Mientras que la inadmisibilidad afecta principalmente a quienes buscan ingresar o ajustar su estatus en Estados Unidos, la deportabilidad se aplica a aquellos que ya han sido admitidos al país como residentes. No obstante, en ciertas circunstancias, incluso un residente permanente puede encontrarse en una situación de doble riesgo, especialmente si ha estado fuera del país por más de 180 días consecutivas, ha cometido un delito o ha participado en actividades ilegales en el extranjero. En estos casos, al intentar regresar, podría enfrentar no solo un proceso de deportación, sino también un cuestionamiento sobre su derecho de reingreso.
Las razones que pueden llevar a la expulsión de un residente permanente son numerosas y abarcan desde fraudes migratorios hasta condenas penales. Un residente puede ser deportado si obtuvo su residencia mediante información falsa o fraudulenta, si cometió fraude matrimonial o si ayudó a alguien a ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Además, ciertas condenas por delitos, como crímenes de vileza moral dentro de los primeros cinco años de admisión o la acumulación de más de un delito de esta categoría, pueden convertir a un residente en deportable.
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La legislación también contempla la deportación para quienes han sido condenados por delitos graves, como tráfico de drogas, delitos relacionados con armas de fuego o crímenes de violencia doméstica. Es importante recalcar que, en algunos casos, no es necesario haber sido condenado en un tribunal para ser considerado deportable; por ejemplo, una persona que haya sido identificada como adicta a las drogas puede ser expulsada sin necesidad de un juicio penal previo.
A pesar de estas disposiciones estrictas, la ley también ofrece mecanismos de defensa. Un residente que enfrenta un proceso de deportación tiene derecho a comparecer ante un juez de inmigración y, en ciertos casos, puede solicitar una dispensa o "waiver" que le permita permanecer en el país. Sin embargo, este proceso es complejo y requiere una defensa legal adecuada. Por ello, se recomienda que cualquier residente que enfrente cargos criminales consulte con un abogado especializado en inmigración antes de aceptar acuerdos o declararse culpable, ya que una mala decisión puede significar la pérdida de su estatus migratorio.
La única protección definitiva contra la deportación es la ciudadanía estadounidense. Un residente permanente puede solicitar la naturalización tras cinco años de residencia (o tres años si está casado con un ciudadano estadounidense). Sin embargo, quienes tienen antecedentes criminales deben evaluar los riesgos antes de aplicar, ya que, en ciertos casos, el proceso de naturalización puede derivar en la revocación de la residencia en lugar de la obtención de la ciudadanía.
Aunque la residencia permanente otorga derechos significativos, también conlleva responsabilidades. Conocer las razones de deportabilidad y actuar con cautela ante cualquier situación legal es fundamental para evitar riesgos innecesarios. La mejor estrategia para quienes cumplen con los requisitos es buscar la ciudadanía y así asegurar su permanencia definitiva en Estados Unidos.
Acerca del autor
El Lic. Néstor Saldívar posee una maestría en Ciencias de la Educación, con enfoque en Planificación Educativa. Es abogado y comunicador, antiguo director asociado de comunicación de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para la región del Caribe. Obtuvo la visa EB-2 con la exención por interés nacional en base a sus propios méritos en tan solo 45 días. Por su experiencia y con deseo de ayudar a otros a lograr lo mismo, crea contenido educativo desde su plataforma ResidenciateconS y otros medios.
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