Foto/ Rafael Cruz Rodríguez
El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), Rafael Cruz Rodríguez, informó que firmó el "Compromiso Ético de los Altos Funcionarios Públicos con el Gobierno y la Sociedad", con la finalidad de reafirma su compromiso con los valores de transparencia y ética en la función pública.
Esta firma se enmarca dentro de la iniciativa impulsada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), bajo la dirección de la doctora Milagros Ortiz Bosch, en cumplimiento del mandato del presidente Luis Abinader de garantizar un gobierno ético, transparente y eficiente.
Durante la firma, realizada en cumplimiento de las directrices presidenciales discutidas y aprobadas en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, Cruz Rodríguez destacó la importancia de seguir implementando medidas de transparencia en la gestión pública.
"Hemos venido a firmar este compromiso ético, iniciativa que valoramos y apoyamos. Insto a todo servidor público a actuar con honestidad, ética y responsabilidad", expresó.
El director general de PROINDUSTRIA subrayó que, desde su llegada a la institución, su prioridad ha sido fortalecer las medidas de control interno y asegurar que todo el personal esté capacitado en el manejo y trámite de fondos públicos.
Esta iniciativa forma parte de su visión de una gestión ética y moral, alineada con los principios del gobierno liderado por el presidente Abinader.
El documento firmado por Rafael Cruz Rodríguez establece un compromiso firme con la ciudadanía, enfocándose en la transparencia, rendición de cuentas, y el manejo correcto de los fondos públicos. El compromiso incluye actuar con apego a la Constitución y las leyes, observar principios éticos, y luchar decididamente contra la corrupción administrativa.
Con esta firma, el director general de PROINDUSTRIA reafirma su dedicación a trabajar por un gobierno cercano a la gente, eficiente, y comprometido con la integridad en la gestión pública.
Este compromiso ético es un paso más hacia el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones estatales y la consolidación de un modelo de gestión pública que garantice los derechos de todas las personas.
