Fachada Clínica Profamilia | Foto: Profamilia
La Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia (Profamilia) afirmó este domingo que la sociedad, la familia, las organizaciones de la sociedad civil, el Estado y las autoridades judiciales son responsables de terminar con las creencias y conductas machistas raíz de la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Mediante un comunicado de prensa, Profamilia llamó a tomar acción a través de la educación no sexista y para la paz, así como con la aplicación de justicia.
Profamilia consideró que los esfuerzos invertidos a través de los años en la prevención, atención y sanción integral de la violencia contra las mujeres resultan insuficientes y las fallas del sistema quedan expuestas en casos tan desgarrantes como el de Anibel González, asesinada por su exesposo el pasado 31 de agosto, y que dejó en la orfandad a tres hijas menores de edad, víctimas también de la violencia.
la entidad expuso que es una urgencia nacional la asignación presupuestaria adecuada para los programas de prevención y atención integral, tanto desde el Estado como desde las organizaciones civiles que brindan servicios a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Esta responsabilidad recae sobre el Poder Ejecutivo al formular la Ley de Presupuesto, señaló la institución.
Indicó, además, que sobre el Poder Legislativo recae la responsabilidad de contar con una legislación actualizada y que atienda de manera integral la problemática de la violencia contra las mujeres desde perspectivas múltiples que permitan la prevención de estos hechos, así como la recuperación física y emocional de las víctimas sobrevivientes y sus familias, además de la persecución del delito.
Profamilia aseguró que como institución comprometida con la eliminación de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, reclama la responsabilidad conjunta del Poder Judicial y del Ejecutivo, representado por la procuraduría general de la República, Jean Alain Rodríguez, para investigar y aplicar las sanciones correspondientes a jueces, juezas y fiscales que actúen de manera irregular poniendo en riesgo la vida de mujeres, como parece haber sucedido con Anibel González y puede suceder con otras.
