Procuraduría General de la República | Foto: Amaurys Florenzán
La Procuraduría General de República Dominicana (PGR) afirmó este domingo que no eran necesarias las delaciones premiadas para demostrar que el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa recibió sobornos de Odebrecht, puesto que cuentan con pruebas suficientes en este sentido.
La defensa del exministro de Obras Pública solicitó al juez el pasado febrero que dictase un auto de no ha lugar para su cliente, y que se declaren inadmisibles las delaciones premiadas realizadas por los ejecutivos de Odebrecht.
La PGR señaló este domingo en un comunicado que "los resultados de la exhaustiva investigación realizada en el país permitieron seguir el rastro del dinero recibido por los sobornos, y las declaraciones y las pruebas aportadas por los delatores ante las autoridades de Brasil son suficientes, abundantes y contundentes".
El exgerente de la constructora, Marco Vasconcelos Cruz, declaró que siendo Víctor Díaz Rúa ministro de Obras Públicas, este le dijo que para que Odebrecht continuara con los trabajos de la Autopista del Coral en el país debía utilizar como abogado de la obra a Conrado Pittaluga (abogado y testaferro de Díaz Rúa).
Además, supuestamente le declaró que debía pagarle el 1,25 % del valor de dicha obra, siendo esta una solicitud de soborno claramente evidenciada por parte de las autoridades.
Además de las declaraciones de Vasconcelos, están las de Luis Eduardo Da Rocha Suarez, quien dijo bajo juramento que Díaz Rúa viajó a Antigua y creó la empresa NewPort Consulting para la colocación de esos fondos ilícitos.
La Procuraduría señaló que dichas declaraciones fueron comprobadas y complementadas mediante la entrega de siete transferencias a NewPort Consulting aportadas por la propia compañía Odebrecht durante los meses de junio, julio y agosto de 2011, y en agosto del 2012.
Durante el proceso judicial también se demostró que el imputado creó toda una estructura para el lavado del dinero producto de los sobornos mientras ejercía las funciones de ministro de Obras Públicas, utilizando como testaferros a Pittaluga y a su yerno Leonardo Guzmán Font-Bernard, quienes recibieron fondos en sus cuentas en Antigua.
El Ministerio Público pudo comprobar que Pittaluga hizo una transferencia desde la misma cuenta del soborno en Antigua por importe de 400.000 dólares a la empresa Indoequipesa, propiedad del testaferro Font-Bernard, yerno de Díaz Rúa, mediante falsos contratos de inversión, invirtiendo luego ese dinero en la Constructora Solaris, propiedad del imputado, que le devolvió al abogado tres apartamentos.
Además, en el expediente reposa la evidencia de la adquisición del yate Pershing 2011, de 60 pies, valorado nuevo en 5 millones de dólares, con parte del dinero de soborno, por parte del yerno de Díaz Rúa, siendo el exministro el auténtico propietario de la embarcación.
El enriquecimiento ilícito del imputado consta en el expediente acusatorio, en el que se estableció que en el año 2004, en su primera declaración jurada de bienes, el mismo Díaz Rúa declaró un patrimonio neto de 63.532.898 pesos, (alrededor de 1,25 millones de dólares), y cuatro años más tarde declaró un patrimonio neto de 350.550.168 pesos ( casi 7 millones de dólares), equivalente a un incremento de un 552 % de su patrimonio.
Durante las pesquisas también se comprobó "un incremento exorbitante en el uso de las tarjetas de crédito", y las cuentas bancarias personales del imputado presentaban movimientos de miles de millones de pesos que, simplemente, no puede justificar, y se ha demostrado la compra de decenas de bienes inmuebles con el propósito de lavar activos.
Además de Díaz Rúa, por los sobornos de Odebrecht están imputados los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Asimismo, el senador Tommy Galán, del PLD; el supuesto testaferro de Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en el país como sobornos para que le fueran concedidos contratos de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
El grupo es acusado de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que los imputados niegan.
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.
