Cárcel de San Luis, Santo Domingo Este | EFE/Orlando Barría
La Procuraduría General de la República Dominicana inició este miércoles la demolición de la cárcel preventiva de San Luis, en el este de Santo Domingo, conocida como "la cárcel del horror", lo que constituye el primer paso de un plan que buscar cambiar el rostro del hacinado sistema penitenciario nacional.
Esta cárcel fue construida en un principio para alojar a 20 personas, pero llegó a tener hasta 160 en condiciones prácticamente infrahumanas, según denuncias de defensores de los derechos humanos y de los mismos reclusos, por lo que fue bautizada como "la prisión del horror".
En su lugar, se construirá una cárcel preventiva "moderna" donde los presos puedan estar "con las condiciones mínimas", dijo a los periodistas en el lugar Cesarión Morel Grullón, de la empresa constructora que se encargará de la obra, que tendrá un costo de unos 97 millones de pesos (más de 1,9 millones de dólares).
La nueva cárcel preventiva estará lista en unos 10 meses, según han programado las autoridades.
Por su lado, la Pastoral Penitenciaria, que trabaja a favor de los reclusos, señaló hoy que con la demolición de esta prisión "iniciamos el cambio que esperábamos hace mucho tiempo" en las cárceles del país, con el objetivo de que se respete "la dignidad humana" de los encarcelados.
En octubre pasado el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional, con el que se pretende erradicar, señaló entonces, "los males que por décadas han afectado el sistema penitenciario del país".
Este plan se fundamenta en dos componentes básicos, uno de infraestructura y el otro de reinserción de los internos.
Rodríguez sostuvo que, de los 41 recintos que hay en el país, 19 pertenecen al viejo modelo penitenciario, el cual alberga una población de 16.616 reclusos, mientras que los 22 recintos restantes pertenecen al llamado nuevo modelo, que cuenta con 9.542 internos, para un total de 26.000 presos a nivel nacional.
En ese sentido explicó que para acabar con el hacinamiento, la implementación de este plan incluye la construcción de nuevas edificaciones que permitan alojar a los más 12.000 internos, que afirmó, en la actualidad guardan prisión de manera deplorable.
Un informe presentado el año pasado por la Oficina Nacional de la Defensa Pública indicó que las cárceles dominicanas están sobrepobladas, al punto de que en algunas de ellas el hacinamiento se eleva hasta en un 500 %.
Para la construcción de las nuevas cárceles la Procuraduría utilizará recursos propios y otros recibidos en concepto de indemnizaciones de parte de las empresas brasileñas Odebrecht y Embraer, acusadas de distribuir sobornos en el país.
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos entre 2001 y 2014, mientras que Embraer deberá pagar 7 millones de dólares.
