Jean Alain Rodíguez, exprocurador de la República | Foto: Kelvin de la Cruz
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, valoró este martes la promulgación de la ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública, destacando que pondrá fin a la deplorable práctica de algunos grupos de abogados, notarios y policías de que ejecuten embargos irregulares, sin el otorgamiento de la fuerza pública por parte del Ministerio Público.
“La Ley No. 396-19 sobre el Otorgamiento de la Fuerza Pública es una respuesta a la demanda de la sociedad que permitirá garantizar que estos desafortunados sucesos no vuelvan a repetirse, pues tal como lo establece el contenido de la norma, se prestará el servicio de manera igualitaria, eficiente, y en un menor tiempo de respuesta», explicó.
«Se trata de una normativa de gran trascendencia para el país, que vendrá a contribuir con la buena administración de justicia, porque garantiza el respeto del debido proceso y evitará que se ejecuten embargos irregulares contra todos los bienes de los alegados deudores”, manifestó.
Mediante una nota de prensa, el procurador general de la República felicitó al Congreso Nacional, que integran la Cámara de Diputados y el Senado de la República, por la aprobación de esa norma que fue recientemente promulgada por el presidente de la República, Danilo Medina.
Al valorar la promulgación de esa normativa para el avance de la justicia, el procurador general de la República afirmó que la aprobación de esa ley era de prioridad ya que dota el proceso de mayores requisitos a los antes previstos, evitando consigo que se vean afectados derechos e intereses de las partes envueltas en el diferendo, por vicios e irregularidades de los ministeriales actuantes, en otros aspectos de mejora.
En ese sentido, instruyó a los fiscales usar la ley en todas las ejecuciones, salvo los casos de venta condicional de muebles, que dijo se encuentran regulados por su ley especial, “su uso es obligatorio para todas las ejecuciones”, subrayó en relación a la implementación de la nueva ley.
En ese orden, les instruyó sobre la obligación de presentar mayores requisitos para la solicitud de autorización para el otorgamiento de la fuerza pública, contemplando las generales de todos los actores de la ejecución, así como sobre el cumplimiento del plazo de diez días laborables, a partir de la solicitud, para otorgar el auxilio de la fuerza pública.
Igualmente, sobre la prohibición de la conciliación de oficio, la cual precisó que solo será admitida a solicitud de la parte interesada, acompañada de los méritos para hacer valer su pretensión. Indicó en ese sentido, que si la parte ejecutada incumple el acuerdo, el procedimiento continuará como si no se hubiese conciliado.
El procurador Jean Rodríguez dio las instrucciones a través de una circular dirigida a procuradores adjuntos, procuradores generales de cortes de apelación, fiscales titulares, procuradores fiscales y fiscalizadores de todo el país, en la cual advierte que constituirá una falta muy grave para los miembros del Ministerio Público que ejecuten cualquiera de las medidas reguladas por la referida ley, sin la previa habilitación y presencia de la fuerza pública.
