Orlando Jorge Mera | Foto: Prensa PRM
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó este viernes a la Junta Central Electoral (JCE) aplicar las sanciones que establece la Ley Orgánica 15-19 del Régimen Electoral a funcionarios gubernamentales que al mismo tiempo han sido inscritos como candidatos en diferentes demarcaciones.
Según informa un comunicado, el grupo lo integran 97 funcionarios, entre ellos Margarita Cedeño Lizardo, de quien se establece incurre en la violación no por su condición de vicepresidenta de la República sino como coordinadora del Gabinete Social de la Presidencial, y Francisco Javier Clark Vásquez, candidato a senador de Puerto Plata, quien es sub-contralor general de la República.
En el texto se explica que la instancia fue elevada a la JCE por Orlando Jorge Mera, delegado político, y por Julio Peña Guzmán, suplente de delegado.
Luego de establecer diferentes motivaciones de orden constitucional y de otras disposiciones legales que prohíben la doble condición de funcionario y candidato, el PRM solicita a la Junta comprobar y declarar que los señores, -y aporta los nombres de los 97 funcionarios (la lista completa está disponible en el portal prm.org.do)- admitidos como candidatos en las resoluciones de admisiones de candidaturas y a la vez son funcionarios públicos.
La entidad precisó que las leyes: 41-08 de Función Pública, 33-18, de Partidos Políticos, y el artículo 196 de la 15-19 establece que los funcionarios públicos que administren recursos del estado no podrán prevalerse de sus cargos, para desde él realizar campañas ni proselitismo a favor de un partido o candidatos.
Afirmó que el hecho es tipificado como delito electoral, castigado con prisión correccional de tres meses a un año y multa de hasta cinco salarios mínimos del sector público.
El PRM establece entre sus motivaciones para hacer la solicitud que se ha mantenido dando seguimiento y cuestionando el uso de recursos estatales en las campañas electorales y otras violaciones al ordenamiento jurídico.
Las cuales según dijo, traen como consecuencias lesiones graves al sistema político nacional, así como debilitar la democracia, la competencia en buena lid y resultados que sean fruto de la decisión libérrima de la mayoría del electorado.
