Foto: PRM
El bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado de la República recibió del presidente de esa organización, José Ignacio Paliza, un proyecto de ley que propone modificar varios artículos de la Ley núm. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la integridad del sistema de partidos, reforzar los mecanismos de control del financiamiento político y prevenir la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas.
El proyecto fue recibido por una comisión de la bancada oficialista encabezada por los senadores Ricardo de los Santos, presidente del Senado, y Moisés Ayala, vocero del PRM en la Cámara Alta. En el encuentro también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Durante la reunión, De los Santos explicó que la propuesta legislativa será sometida al proceso establecido en el Reglamento del Senado, el cual contempla su envío a la comisión correspondiente para ser estudiada, analizada y consensuada con entidades y personalidades interesadas en presentar aportes, opiniones y sugerencias.
“En esa comisión todos los aportes serán tomados en cuenta, porque es un espacio democrático y abierto a la ciudadanía”, expresó el presidente del Senado.
De su lado, José Ignacio Paliza sostuvo que la propuesta busca establecer estándares más rigurosos de transparencia, debida diligencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones partidarias, al considerar que la política debe responder con firmeza frente a los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia.
“Hemos visto cómo personas vinculadas a la actividad política han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una realidad incómoda. Pero la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”, expresó el dirigente político.
El proyecto introduce mecanismos orientados a fortalecer los controles internos de los partidos, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento normativo para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras dirigenciales y en los procesos de selección de candidaturas.
Asimismo, establece procedimientos de debida diligencia y verificación del origen de los fondos que reciben las organizaciones políticas, con mecanismos de trazabilidad que permitan identificar a los aportantes y prevenir el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Entre las disposiciones propuestas se incluyen nuevos requisitos de integridad para los aspirantes a candidaturas, como la presentación de certificaciones de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorizaciones para la verificación de la información presentada ante las autoridades partidarias.
La iniciativa también fortalece las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral sobre el financiamiento de los partidos y establece un régimen de consecuencias en casos de incumplimiento de las normas relacionadas con la transparencia y el control de los recursos en la actividad política.
