Foto: Nahirobi Peguero
En las últimas semanas, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) ha emitido algunos memorandos de guía a los adjudicadores de casos de inmigración. Las medidas que se tomarán, en base a esos memorandos, han alarmado a inmigrantes y aspirantes a beneficios migratorios dentro de los Estados Unidos.
Uno de lo memorandos, publicado el 28 de junio del 2018, ordena a que los oficiales de USCIS emitan notificaciones a comparecer ante las cortes de inmigración a algunos solicitantes de beneficios migratorios.
Este documento, a la vez, incluye una acusación de violación de leyes migratorias e inicia procedimientos de deportación. La práctica, por varios años y antes de la publicación de este memorando, era que al aplicante al que se le negaba un beneficio migratorio se le diera la oportunidad de salir de Estados Unidos por su propia cuenta.
Con el nuevo memorando los aplicantes o beneficiarios a los que se les niega ajuste o cambio de estatus, que son considerados removibles, y a los que se les encuentra evidencia de fraude o abuso de programas de beneficios públicos, se les emitirá una notificación para comparecer ante las cortes de inmigración y se les iniciará procedimiento de deportación. Bajo esta nueva práctica también se podrían ver afectadas personas con cargos penales.
Por otro lado, un memorando emitido por USCIS el 13 de julio del 2018 amplía el poder discrecional de los oficiales de inmigración cuando los casos están incompletos por falta de documentos.
Esta nueva política permite a los empleados de USCIS negar algunas aplicaciones/peticiones para alivio migratorio sin antes enviar una solicitud de evidencia o notificación de intento de negación.
Con estas medidas, las tareas de USCIS que antes se enfocaban en servicio y adjudicación, se centran en cumplimiento. Es como si la Agencia para Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) se fusionara con la encargada de evaluar la elegibilidad para los beneficios migratorios (USCIS). Esto constituye otra demostración de que la prioridad de la administración actual es el control migratorio.
Los nuevos procedimientos afectarán a personas que han cumplido con las leyes y requisitos para mantener su estatus dentro de los Estados Unidos. Desmotivarán a muchos que son elegibles para algún beneficio migratorio por miedo a las consecuencias derivadas de las últimas medidas. Otro efecto de estas políticas será el aumento de inmigrantes en estatus irregular. El temor de ser sujetos a deportación puede ser un obstáculo para aplicar a ajuste de estatus, perdones, o cambios de visas.
Estas medidas, además, aumentarán los gastos del Gobierno en recursos judiciales y atrasarán la adjudicación de casos de inmigración en USCIS y en las cortes, constituyendo una falta al principio de economía judicial. Desde antes de implementarse tales políticas, las cortes de inmigración habían reportado una gran cantidad de casos pendientes. Con la ejecución de estas políticas, la situación solo empeorará.
Resulta previsible, en el corto y mediano plazo, una situación caótica, como consecuencia de la ejecución de dichas políticas migratorias.
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