El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TCRD), Milton Ray Guevara, afirmó que la pandemia de COVID-19 no solo ha representado un desafío para la salud pública o la economía, sino también a la propia garantía de la justicia constitucional por la suspensión del modelo de justicia presencial.
Según informa hoy un comunicado, el magistrado mencionó que los principales desafíos de la pandemia al control jurisdiccional de constitucionalidad del país son el cierre de los tribunales y la suspensión del cómputo de los plazos, ante la imposibilidad de salir de los hogares por la cuarentena obligatoria y el modelo de justicia presencial que está señalado constitucional o legalmente en la República Dominicana, al igual que muchos países latinoamericanos.
“Ojalá aprendamos la lección y que las terribles consecuencias del presente sirvan para impulsar un mundo más justo y solidario, en que la crisis sanitaria no ahonde las injusticias y las diferencias entre países ricos y países pobres”, subrayó.
En el texto se indicó que Ray Guevara habló sobre este tema al participar como panelista en la segunda jornada de la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada virtualmente en Colombia, con el título “La democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción”.
De igual forma, se precisó que el presidente del TCRD fue uno de los participantes del cuarto eje temático, en el que, junto a los presidentes de las salas constitucionales de Argentina, Guatemala, Portugal y Uruguay, abordó aspectos de los desafíos del control jurisdiccional de la constitucionalidad a propósito de la declaratoria de estado de emergencia.
En el evento internacional, que contó con la asistencia de los presidentes y vicepresidentes de las salas constitucionales de Iberoamérica, según la nota, también participó como panelista en una de las mesas de diálogo el primer sustituto del presidente del TCRD, magistrado Rafael Díaz Filpo.
En su intervención, el magistrado Milton Ray Guevara señaló también otros desafíos relacionados con el principio de separación de poderes, el sistema electoral y la participación política, además de los retos asociados al impacto colateral de la pandemia sobre algunos derechos fundamentales.
“La nueva normalidad que se construirá en el futuro debe tener en cuenta, además el impacto que sobre la niñez, la vejez, la mujer y la familia ha tenido la pandemia. Las constituciones deberán contemplar normas orientadoras para las políticas públicas en provecho de todos los sectores vulnerables, particularmente relacionados con metas, prioridades y asignaciones presupuestarias en el sector salud”, manifestó.