Martín Vizcarra | Foto: EFE Paolo Aguilar
El presidente peruano, Martín Vizcarra, señaló este viernes que la demanda arbitral de Odebrecht contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por 1,200 millones de dólares, "no tiene ningún sustento ni justificación".
"Una demanda en la que no encontramos absolutamente ningún sustento porque, en ese momento, el 2017, las causas eran imputables al contratista. No había cumplido con su compromiso en el cierre financiero, (había) vencido el plazo. Con todo derecho y justificación el Estado peruano caduca ese contrato", señaló Vizcarra sobre el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), en declaraciones a periodistas en una visita de trabajo por Arequipa.
La solicitud, interpuesta por la subsidiaria Odebrecht Latinvest, constituida en Luxemburgo, exige a Perú dicha indemnización porque, según la empresa, al caducar el contrato para la realización del proyecto del GSP, el Estado peruano "violó sus obligaciones" fijadas en el tratado bilateral de inversión vigente con la Unión Económica Belga-Luxemburguesa.
ARGUMENTOS TÉCNICOS Y MORALES
En esa línea, Vizcarra se mostró confiado en que el Ciadi desestimará dicha demanda porque, según anotó, el Estado peruano tiene "argumentos técnicos y morales".
"No dudamos que adicionalmente a los argumentos técnicos van a haber incluso argumentos de carácter moral, porque los propios funcionarios de Odebrecht han aceptado que ha habido irregularidades y corrupción en este proceso", señaló Vizcarra.
El Gasoducto Sur Peruano (GSP), el mayor proyecto de masificación de gas natural en el país, contempla la implementación de 1.000 kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva sureña del Cusco, hasta la costa del Pacífico.
El proyecto fue adjudicado en junio de 2014, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), por más de 7.000 millones de dólares a un consorcio conformado por Odebrecht y la española Enagás, en una licitación que fue investigada porque hubo un solo postor en lista, tras haberse descalificado a su único rival en medio de acusaciones de irregularidades.
LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO
Sin embargo, a fines de enero de 2017 el Estado peruano canceló el contrato que mantenía con el consorcio liderado por Odebrecht y le impuso una multa millonaria por incumplimiento, debido a que no logró la financiación necesaria para terminar la obra, paralizada en medio de la revelación del mayor escándalo de corrupción continental conocido como Lava Jato.
En 2019, la empresa brasileña reconoció "pagos ilícitos" para adjudicarse el proyecto GSP, según reveló entonces el coordinador fiscal del Equipo Especial Lava Jato en Perú, Rafael Vela.
Como parte de un acuerdo con la Fiscalía peruana tras reconocer sus sobornos, Odebrecht se comprometió en febrero del año pasado a pagar una reparación civil de 610 millones de soles (unos 184 millones de dólares), más los intereses legales, en cuotas anuales durante 15 años.
EL ACUERDO EN LA MIRA
Por ello, el coordinador del equipo fiscal del caso, Rafael Vela, respondió este viernes ante los cuestionamientos a los términos del acuerdo de colaboración con Odebrecht, y señaló que se comunicaron con Odebrecht para darle a conocer la postura del Ministerio Público sobre la solicitud de arbitraje internacional.
"Acá tenemos que ver la lectura social de la legitimidad de nuestros acuerdos y por eso hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de desistimiento de la demanda en tanto ellos mantengan culpabilidad en el caso (Gasoducto Sur Peruano) porque sino tenemos que incorporarlos en la investigación con el mayor rigor", anotó Vela.
Por su parte, Odebrecht emitió un comunicado desde Brasil para señalar que se encuentra "totalmente dispuesta a encontrar junto con las entidades competentes del Estado una solución que permita suspender el proceso arbitral, garantizando lo más pronto posible el reinicio del proyecto Gasoducto Sur Peruano por otro inversionista privado, sin costos para el Estado".
Asimismo aseveró que está "en disposición" de "suspender" y hasta "en un futuro cancelar el proceso arbitral" si se le resarce "el capital 100 % privado invertido".
