Andrés Manuel López Obrador | Foto: EFE Mario Guzmán
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado que no se darán contratos a empresas involucradas en casos de corrupción al reiterar la prohibición de hacer contratos con la brasileña Odebrechet.
"La instrucción es no dar contratos a empresas que hayan estado involucradas en casos de corrupción, sean nacionales o extranjeras", dijo el presidente mexicano en una rueda de prensa tras de visitar la refinería de Minatitlán, en el oriental estado mexicano de Veracruz.
La Secretaria de la Función Pública informó este 26 de abril de la prohibición a dependencias del gobierno y a los estados de participar en contrataciones públicas de carácter federal con Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México y Constructora Norberto Odebrecht, por un periodo de tres años.
En la rueda de prensa López Obrador señaló que durante los gobiernos que le precedieron, las empresas extranjeras llegaban, sobornaban y recordó que Odebrechet llegó a tener una sesión de su consejo de administración en Los Pinos, la residencia presidencial de México.
"Se metieron hasta la cocina. Ya esto se acabó. Esas empresas corruptas del extranjero no van a tener posibilidades de participar en licitaciones", sostuvo el mandatario mexicano.
López Obrador señaló que había gobiernos de otros países que intervenían a favor de esas empresas. "Eso se termina, ya se acaba la corrupción", indicó.
La inhabilitación a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México se debió a que presentó información falsa durante la celebración de un convenio modificatorio de un contrato de construcción, al no cumplir con los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para celebrarlo.
Mientras tanto, Constructora Norberto Odebrecht fue sancionada por haber realizado cobros en exceso al Pemex Refinación, en detrimento de su patrimonio.
En diciembre de 2017, México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó durante cuatro años para obtener contratos públicos en el país, después de que se demostrara el cobro indebido de 119 millones de pesos (6,2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería. Esta inhabilitación fue anulada en noviembre 2018 por un tribunal.
