La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), María Elena Vásquez, afirmó que trabaja en coordinación con la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) y sus agencias internacionales para instalar una cultura de eficiencia, transparencia y competitividad en las licitaciones.
Planteó la necesidad de funcionarios comprometidos con la transparencia y la ética, y que comprendan la importancia del trabajo conjunto, coordinado y efectivo en defensa del Estado.
En sus palabras de apertura del taller “Nuevas tendencias de competencia a nivel mundial”, la funcionaria refirió que la contratación del sector público, con independencia de que se trate de una actividad de compra o de prestación de servicios y de su cuantía, está sujeta a los principios inspiradores de la contratación pública y, entre ellos, la salvaguarda de la libre competencia.
Vásquez advirtió que son claras las implicaciones de las prácticas restrictivas de la competencia en los procesos de contratación pública.
Especificó que la DGCP y Pro Competencia firmaron un acuerdo de colaboración técnica para fortalecer la investigación y la sanción de las prácticas colusorias en las contrataciones y la aplicación del marco legal vigente en estas instituciones.
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Enfatizó que esta cooperación interinstitucional hará más competitivas las compras y contrataciones, “evitando con ello que no haya acuerdos entre competidores para licitar y dañar al Estado, ponerse de acuerdo para subir precios, repartirse territorio, lotes”.
Sin embargo, dijo que hay oportunidades de mejoras del sistema de normas, para lo cual han articulado alianzas con la DGCP, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Commercial Law Development Programo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otras.
En el taller participan, además de la presidente de Pro Competencia, la subdirectora de la DGCP, Crystal Fiallo, y Karla Sánchez por USAID.
También William Kovavic, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad George Washington; Robert Anderson, profesor honorario de la facultad de Derecho de la Universidad de Nottingham; Juan Reyes, de Pro Competencia; Gianna Franjul, del Consejo Directivo de Participación Ciudadana, entre otros.