Periodistas toman fotografías en el semanario Confidencial, después que la Policía Nacional allanara | Foto: EFE/Jorge Torre
Al menos seis ONG y un grupo de medios críticos con el Gobierno de Daniel Ortega fueron allanados sin orden judicial en las últimas horas en Nicaragua, en el marco de la crisis sociopolítica que desde abril pasado ha dejado centenares de muertos y detenidos.
La Policía nicaragüense allanó las sedes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación del Río, y Popol Na, así como las oficinas de los medios Esta Semana, Esta Noche y Confidencial.
A excepción del grupo de medios, la Asamblea Nacional había cancelado previamente la personalidad jurídica a nueve ONG, incluida las seis registradas, presuntamente por formar parte de un grupo de organismos que apoyaron "el fallido intento de golpe de Estado", como el Ejecutivo define a las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron en abril pasado.
Los representantes de las ONG y de los medios coincidieron al denunciar que los agentes policiales llegaron en horas de la madrugada, en algunos casos golpearon a los vigilantes e ingresaron con violencia y sin orden judicial, y se llevaron documentos, computadoras, automóviles, teléfonos móviles y objetos de valor.
En el caso del Cenidh, al no poder romper las puertas ingresaron por el techo y amordazaron al vigilante, relató la presidenta del organismo, Vilma Núñez, que denunció además que la Policía dejó en sus oficinas un uniforme militar.
A un grupo de madres de "presos políticos" que se encontraban durmiendo en la Fundación Popol Na, los policías les revisaron sus pertenencias y robaron su dinero y teléfonos móviles, además de saquear la sede, según denunció su directiva.
"El crimen organizado en Nicaragua es la Policía. Esa es la principal banda delincuencial que hay en el país, es la policía Orteguista", acusó la exguerrillera sandinista Mónica Baltodano, presidenta de Popol Na.
Por su lado, Carlos Fernando Chamorro, director del grupo de medios allanados e hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), responsabilizó a Ortega de ejecutar un "ataque brutal y frontal" contra la prensa crítica.
"Denuncio al dictador Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, como responsable del asalto policial contra las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche", apuntó Chamorro, galardonado con el IV Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2009, y en 2010 con el premio María Moors Cabot.
Afirmó que la Policía se ha sido convertida en una "organización delincuencial" y catalogó el allanamiento como "un ataque contra medios de comunicación independientes, contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y también contra la libre empresa", que tiene como fin "acallarnos, pero no lo van a lograr".
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena esta situación (allanamientos), que es una clara violación al derecho de asociación y de libertad de expresión, que son inalienables", dijo la coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), establecido por la CIDH, Ana María Tello.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro también condenó los allanamientos, mientras la Policía aún no se ha referido al tema.
Los registros ocurren en medio de una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 detenidos a los que califica de "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", y de abusos contra los manifestantes y opositores, pero Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado" en contra.
