Foto: EFE/EPA/MARK R. CRISTINO
Por Isabel Saco
Rusia y China habían logrado hasta ahora que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pasara por alto ordenar cualquier escrutinio internacional de su situación interna, pero la guerra en Ucrania y los probados abusos contra la minoría uigur pueden forzar a que esto cambie.
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) iniciará este lunes su 51º sesión confrontado a la disyuntiva de tomar posición frente a las violaciones de los derechos humanos en esos dos países o resignarse al silencio.
Cualquiera sea la opción que tome, el debate será enérgico y las decisiones difíciles, con el riesgo de que provoquen una división irreparable entre sus 47 Estados miembros.
"No se trata de cualquier país, estamos hablando de Rusia y China, miembros del Consejo de Seguridad y de una importancia sistémica", reflexionó un diplomático europeo en Ginebra, donde este órgano de la ONU realiza su trabajo.
VIOLACIONES DE DD.HH. DENTRO DE RUSIA
La guerra en Ucrania y las violaciones de los derechos humanos a las que está dando lugar están en el visor del Consejo desde el inicio de la invasión rusa, pero varios países occidentales consideran que no se pueden ignorar los abusos que están sufriendo los propios ciudadanos rusos dentro de su país.
Desde que empezó la guerra de Ucrania el Gobierno ruso ha ido cerrando más y más el espacio de libertades civiles de sus ciudadanos, reprimiendo cualquier disidencia y forzando el cierre de todos los medios de comunicación independientes.
El último ha sido Novaya Gazeta, periódico dirigido por Dmitry Muratov (premio Nobel de la Paz 2021), que ha perdido su licencia de difusión con pretextos burocráticos.
Un grupo de países considera que es momento de que el CDH tome la iniciativa frente a tales abusos, pero a la vez es consciente de que Rusia tiene un amplio respaldo entre otros países miembros que podrían bloquear cualquier plan para investigar el alcance de éstas y otras exacciones.
LOS CRÍMENES DE CHINA CONTRA LOS UIGURES
La exalta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, publicó la semana pasada -justo antes de concluir su mandato- un informe elaborado por sus expertos y que denuncia una serie de graves violaciones contra la minoría musulmana uigur, que podrían llegar a ser crímenes contra la humanidad.
La calidad del informe, su solidez y las pruebas que aporta han sido unánimemente reconocidos, frente al rechazo del Gobierno chino, que ha dicho que está lleno de mentiras.
La investigación fue resultado de una iniciativa de Bachelet y no -como suele ser en el caso de otros países- de una instrucción del Consejo, que por esta misma razón no tiene obligación formal de debatirlo o de tomar una decisión al respecto en su próxima sesión.
Sin embargo, existe un consenso tácito en cuanto al mensaje negativo y a las consecuencias morales que tendría para el CDH guardar silencio ante los crímenes contra los uigures que se corroboran en el informe.
BRECHA ENTRE OCCIDENTALES Y EL RESTO DEL MUNDO
El primer obstáculo que se levanta frente a los que quieren poner contra la cuerda a China y Rusia es la composición del CDH, donde los países en desarrollo -varios de ellos críticos con lo que consideran un intento de Occidente de imponer sus ideas y valores- son una clara mayoría en caso de votación.
Este año -como resultado del sistema rotatorio por el cual un país puede acceder a ser miembro del CDH- incluso el bloque latinoamericano está compuesto por países que, a pesar de la guerra, pueden mostrarse más conciliadores con Rusia que con Occidente.
Entre ellos figuran Cuba, México, Venezuela y hasta Brasil, que en los últimos meses ha reforzado su relación económica con Rusia.
"La composición no hace las cosas fáciles y podría impedir que el Consejo actúe, pero si esto ocurre significará que hemos entrado en otro orden mundial, en el que la visión de la universalidad de los derechos humanos se interpreta de otra manera", comentó un analista cercano a los trabajos del Consejo.
Las próximas semanas (hasta el 7 de octubre) darán o no la razón a quienes expresan este temor y serán decisivas para el futuro de la reputación y legitimidad del Consejo de Derechos Humanos.
