Imagen de referencia I Foto: Procuraduría
El Poder Judicial aclaró que Ruddy Roberto Santos Ramírez, quien denunció que lleva tres años preso por un tema con una inquilina, realmente fue condenado a cinco años de prisión en primera instancia en octubre del 2021.
A través de un comunicado se señala que su proceso se conoce en juicio de fondo luego de que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís anulara la sentencia y ordenara apertura a un nuevo juicio.
Desde hace unos días circula un video donde el ciudadano Ruddy Roberto Santos Ramírez denuncia llevar tres años guardando prisión preventiva por una situación de inquilinato.
A Santos Ramírez se le acusa de violencia de género, tipificado en el artículo 309, numerales 1 y 3 del Código Penal dominicano y 396-B, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (abuso psicológico contra un menor de edad), y su proceso se está conociendo en base a las garantías que establecen la Constitución y el Código Procesal Penal.
La Corte emitió la sentencia núm. 334-2022-SSEN-00219 de fecha 6 de mayo de 2022, que anula y deja sin ningún efecto jurídico, por falta de motivación la sentencia núm. 340-03-2021-SSENT-00075, de fecha 5 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la jurisdicción de San Pedro de Macorís, y dispuso la celebración de nuevo juicio.
El expediente data de 2020 y se le conoce en base al debido proceso de ley establecido en el artículo 69 de la Constitución y, además, fundamentado en las garantías procesales que establece el Código Procesal Penal.
Cronología del caso
El caso llegó nueva vez al Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís el 27 de junio de 2022 y fijado mediante auto núm. 340-03-2022-TFIJ-00211 para el 24 de agosto de 2022, fecha en la que fue aplazada para que el tribunal sea constituido de manera válida ya que dos de los magistrados habían participado del juicio que fue anulado.
La audiencia fue fijada para el 30 de noviembre de 2022 y aplazada para el 20 de febrero de 2023, a los fines de citar a un testigo y dictar orden de arresto contra otros dos que no comparecieron al tribunal.
El 20 de febrero del corriente, la audiencia fue aplazada a los fines de que el imputado estuviera asistido de su abogado fijando la misma para el 9 de mayo, fecha en la que se aplazó para ejecutar la orden de arresto contra los testigos que no asistieron al tribunal. La nueva audiencia está fijada para el 30 de agosto del presente año.
