Foto: PLD
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Ministerio Público actúa con “diferenciación política”, otorgando un trato suave al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y uno “cruel y humillante” a cualquier otro ciudadano bajo investigación. Afirmó que el órgano acusador estaría manipulando la justicia para mantener la hegemonía del partido de gobierno.
La organización política cuestionó que el Ministerio Público procede de una manera cuando los imputados están vinculados al PRM, y de forma radicalmente distinta cuando se trata de dirigentes, exfuncionarios o relacionados al PLD.
El PLD fijó su posición respecto al fraude contra la ARS SeNaSa a través de su vicepresidente, Yván Lorenzo, durante una rueda de prensa este lunes en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, donde estuvo acompañado por el también vicepresidente Temístocles Montás y el secretario de Asuntos Jurídicos y miembro del Comité Político, José Dantés Díaz.
Lorenzo señaló que en el país existe una justicia “absolutamente dependiente del poder político”, la cual —según dijo— opera como un instrumento partidario para proteger al PRM, evitar que se dañe su imagen y manejar en silencio situaciones sensibles, como solicitudes de extradición. A la vez, afirmó que la misma justicia persigue con dureza a quienes representan un riesgo político o electoral para el partido de gobierno.
Sostuvo que cuando se trata de imputados vinculados al PRM, el Ministerio Público actúa con suavidad, discreción y garantías plenas, sin allanamientos televisados ni operativos de madrugada con presencia de la prensa. Agregó que en esos casos no se aplican medidas humillantes y los expedientes se manejan con absoluto hermetismo: “cero filtraciones, cero escándalos mediáticos, cero juicios anticipados”.
En cambio —comparó— cuando el investigado es del PLD o un ciudadano común, aparece la “otra cara” del Ministerio Público: espectáculos mediáticos, humillación previa, allanamientos a las 3 o 4 de la mañana con cámaras convocadas, personas sacadas sin ropa frente a sus familias y vecinos, uso exagerado de cascos, chalecos y armas largas, así como filtraciones masivas de expedientes de 20 mil, 30 mil y hasta 50 mil páginas divulgadas antes de llegar a los abogados, además de solicitudes de coerción desproporcionadas.
Al presentar el documento entregado a los medios, Lorenzo afirmó que ese comportamiento “no es técnico ni jurídico, sino político”. Dijo que se trata de “un caso típico de lawfare: el uso del sistema penal con fines políticos”.
Concluyó asegurando que lo denunciado evidencia “una justicia selectiva, cuyo criterio de actuación no es jurídico, sino claramente político”.
