Andrés Manuel López Obrador, presidente de México | Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez
Por: Martí Quintana
El plan de seguridad del mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desatado una ola de críticas al considerar que mantiene la militarización del país y la estrategia de anteriores Gobiernos, la llamada guerra contra el narcotráfico que ha causado decenas de miles muertos.
"En términos generales es decepcionante para la opinión pública porque no se ve claramente diferenciada de la estrategia implementada contra el crimen organizado desde hace 12 años", dijo hoy a Efe el coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Khemvirg Puente.
Este miércoles, el izquierdista López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que contempla, entre otros puntos, la amnistía a ciertos criminales, la regulación de algunas sustancias como la marihuana o la creación de una Constitución ética que abunde en la cultura cívica.
No obstante, el principal anuncio, y el que ha levantado más suspicacias, es la creación de una Guardia Nacional formada por agentes de las policías militar, naval y federal, a cargo de las Fuerzas Armadas, y de la que ya había hablado en anteriores ocasiones.
Ello requerirá de una reforma constitucional, y para figuras políticas y analistas, perpetuaría la llamada guerra contra el narcotráfico, que impulsada por Felipe Calderón (2006-2012) implicó que los militares se involucraran en tareas de seguridad pública, en 12 años nefastos para México con más de 250.000 asesinatos y casi 40.000 desaparecidos.
"Hay un reconocimiento de que la estrategia de seguridad, hasta el día de hoy, no ha sido la acertada. Hay una expresión de voluntad de quererla cambiar pero el método elegido en realidad es continuista con los métodos que llevaron al fracaso", lamentó hoy a Efe el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre.
Entre la clase política, la creación de la Guardia Nacional ha recibido ya numerosas críticas, incluso en las mismas facciones que ordenaron la salida de tropas a las calles. Es el caso del conservador Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenecía Calderón al ser presidente.
"La creación de la Guardia Nacional, conformada por miembros de las Fuerzas Armadas, es una contradicción más del presidente electo. Esta determinación es muy riesgosa. Hemos afirmado que la participación de nuestro Ejército y Marina en tareas de seguridad es necesaria e indispensable, porque son las instituciones que gozan del mayor prestigio social; sin embargo, también pensamos que debe ser de manera subsidiaria y temporal", señaló el presidente del partido, Marko Cortés.
En periódicos nacionales muchos columnistas debatieron hoy sobre este plan de seguridad. María Elena Morera, presidenta de la ONG Causa en Común, titulaba en su columna de El Universal: "Proyecto ominoso y mucha demagogia".
"El plan de seguridad de López Obrador es el mismo de Calderón y (el actual presidente Enrique) Peña Nieto pero con esteroides. Más militares, menos controles civiles; más soldados, menos policías; más guerra, menos voluntad de terminarla. Quienes votaron por la paz tienen el deber moral de alzar la voz y denunciarlo", apuntó en Twitter la politóloga y activista Denise Dresser.
La decisión del líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contrasta con muchas de sus apreciaciones a lo largo de los años, críticas con la presencia de los militares en las calles.
El 11 de mayo de 2017, días después de que un enfrentamiento entre soldados y presuntos ladrones de combustible dejara diez muertos -seis civiles y cuatro militares- en Palmarito, céntrico estado de Puebla, lamentó la presencia del Ejército a las calles. Solo ha causado "más sufrimiento, más dolor", remarcó.
Paralelamente, este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la polémica Ley de Seguridad Interior, que formaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, después de que la mayoría de los ministros expresaran que esta norma es inconstitucional.
En la sesión del pleno, los ministros José Fernando Franco y Margarita Luna Ramos manifestaron que votarían por la invalidación de la ley, con lo que se alcanzó la mayoría necesaria para echar atrás está polémica norma promulgada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto.
