Eliza Muñoz Marte y Joel Díaz I Foto cedida a ZDigital
El Ministerio Público depositó pasado el mediodía de este jueves la solicitud de medida de coerción en contra del coronel César Maríñez Lora, superior jerárquico de la patrulla policial que el pasado 30 de marzo mató a una pareja de esposos que transitaba por la autopista Duarte.
Mediante la instancia depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia, el órgano de persecución solicitó que se imponga al oficial un año de prisión preventiva y que declare el proceso de tramitación compleja, por su vinculación a la muerte de Eliza Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer.
La audiencia para su conocimiento fue fijada para las 10:00 de la mañana de este viernes.
El órgano de justicia destaca en un documento de prensa que en el transcurso de la investigación, han encontrado elementos de pruebas que comprometen la responsabilidad penal del oficial sobre los hechos que provocaron la muerte a Muñoz Marte, de 32 años de edad y su esposo Díaz Ferrer, de 35, así como heridas a Claudio Ramírez Lamais, de 29 años.
La fiscal Fátima Sánchez Guzmán encabeza la investigación del caso con el apoyo de un equipo de fiscales designado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
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Por el caso, el Ministerio Público ya obtuvo un año de prisión preventiva contra Victorino Reyes Navarro (segundo teniente), Domingo Perdomo Reyes (sargento), así como de los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de Los Santos y los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, integrantes de la patrulla actuante.
Al momento en que ocurrió el hecho, los esposos se desplazaban por la autopista Duarte, a la altura del Kilómetro 45, junto a Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez, quien resultó ileso, en un carro marca Kia, modelo K5, color blanco.
Los ocupantes del vehículo fueron interceptados por la patrulla policial que la emprendió a tiros contra el vehículo.
El Ministerio Público ha otorgado al proceso seguido al oficial la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal y de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
