Foto cedida a Z Digital.
El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra un ciudadano italiano que, presuntamente, tenía a su hija de ocho años trabajando por más de doce horas diarias en un negocio de venta de bebidas alcohólicas de su propiedad en San Pedro de Macorís.
El órgano persecutor informó este sábado en un comunicado de que tras abrir una investigación del caso y obtener las evidencias correspondientes, sometió a la justicia al nacional italiano, mientras que la niña quedó bajo protección y cuidado de las autoridades.
La institución solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que le imponga al detenido tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, fijando el tribunal la audiencia para este sábado 29 de junio.
El Ministerio Público ha otorgado al presente caso la calificación jurídica provisional de violación del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Según explicó, en una acción conjunta de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la Fiscalía de San Pedro de Macorís junto a miembros del Departamento de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, clausuraron provisionalmente el establecimiento y rescatar a la niña, que presumiblemente vive sola con su progenitor.
La instancia con la petición de medidas de coerción hecha por el Ministerio Público establece que solicitó y obtuvo una autorización judicial para colocar agentes de incógnito que visitaron el lugar y comprobaron que la menor atendía el negocio y se dedicaba a la venta de bebidas alcohólicas, sin que su padre tuviera control de sus actividades.
La institución detalló que en el transcurso de la investigación han sido ocupadas distintas evidencias documentales, audiovisuales y testimoniales, incluyendo vídeos de las cámaras del negocio que vinculan al ciudadano italiano con los hechos que se le imputan y que se deben tomar en cuenta para la imposición de la medida de coerción.
