Procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez | Foto: Procuraduría
Más de 60 organizaciones y personalidades solicitaron este miércoles al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que convoque de urgencia al Consejo Superior del Ministerio Público para que designe al titular de la Procuraduría Especializada en crímenes y delitos electorales.
Las entidades la sociedad civil que suscriben el Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente realizaron esta solicitud vía oficial, manifestando su preocupación por la ausencia de los preparativos necesarios para la operatividad de la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los delitos electorales, creada en febrero de 2019.
El comunicado señala que la eficacia de esta Procuraduría dependerá del empoderamiento de todos los fiscales a nivel nacional, tanto en los comicios municipales (el próximo 16 de febrero) como en los congresuales y presidenciales (el 17 de mayo), y una probable segunda vuelta presidencial el 28 de junio.
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Requirieron, además, que el Consejo Superior del Ministerio Público difunda el listado con los nombres y datos de contacto de todos los Fiscales Adjuntos de cada Distrito Judicial que serán asignados a la persecución e investigación de los crímenes y delitos electorales, y el sometimiento penal de los responsables; y que estos sean instruidos a cumplir cabalmente con las responsabilidades puestas a su cargo.
Finalmente, las entidades sostuvieron que la confianza en el proceso electoral es un elemento clave en la legitimación del acceso al poder público y para la consolidación del régimen democrático, por lo que tienen la firme determinación de trabajar para vencer la impunidad que ha prevalecido en la justicia electoral con sus graves derivaciones sociales, económicas y políticas, garantizando así los derechos civiles y políticos fundamentales que tutelan cualquier democracia.
El Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente es una iniciativa creada para expresar el compromiso con la defensa activa y vigilante del proceso de institucionalización democrática de República Dominicana y, en particular, de su sistema electoral.
